
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.


El abogado constitucionalista analizó la desconfianza social hacia las investigaciones penales en Salta y mencionó casos emblemáticos como el de las turistas francesas y el de Jimena Salas.
Cara a Cara28/11/2025
Ivana Chañi
El constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta profundizó sobre la crisis de legitimidad que, según afirmó, atraviesa el Poder Judicial de Salta. En diálogo con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, señaló que la desconfianza social hacia las decisiones judiciales “es generalizada”, especialmente en el ámbito penal.
“Cualquier decisión genera suspicacias. Siempre está la duda de si se investigó bien un suicidio, un crimen o si hubo encubrimiento”, indicó. Para ilustrar este panorama mencionó casos emblemáticos que llevan más de dos décadas sin resolución definitiva, como el asesinato de las turistas francesas. “Cualquier fallo que salga no es creíble”, afirmó.
Aguirre Astigueta sostuvo que esta percepción se origina en varios factores: “Los procedimientos no son eficaces, se duda de la imparcialidad de los jueces y muchas veces no se brinda información clara a los medios sobre las líneas investigativas”.
También se refirió al reciente caso del excomisario Vicente Cordeyro, donde, según dijo, la respuesta tardía de los fiscales “alimentó el clima de sospecha”. En ese sentido, reclamó mayor apertura institucional: “La Justicia tiene que abrir sus puertas; los jueces deben hablar más allá de sus sentencias”.
Al analizar el rol del Ministerio Público Fiscal, Aguirre Astigueta fue crítico: “Veo muchos problemas de eficacia. Se han llevado a juicio hipótesis que luego no fueron confirmadas por los jueces, y eso deja una sensación de impunidad”. Como ejemplo mencionó el caso de Jimena Salas, que ya tuvo dos juicios sin resultados concluyentes. “Después de tantos años, no se sabe qué pasó y tampoco hay valentía para reconocer que existe un límite en lo que se puede investigar”, agregó.
El abogado concluyó que mientras no haya cambios profundos en los procesos de selección de magistrados, en la comunicación institucional y en la eficacia de las investigaciones, “la crisis de legitimidad continuará afectando a toda la sociedad salteña”.

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