Garrido advirtió que la legislación argentina es deficiente para reparar a los inocentes

El Dr. Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, afirmó que la legislación argentina es deficiente para reparar los daños sufridos por personas condenadas injustamente. Lo hizo durante su visita a Salta, donde encabezó una jornada sobre condenas erradas en el marco del Día Internacional de la Condena Errada, celebrado el 2 de octubre.

En diálogo con el programa El Acople, Garrido sostuvo que el país “todavía no tiene una política seria de reparación” y que las normas actuales “no contemplan el daño moral, psicológico ni el tiempo perdido” de quienes fueron privados de su libertad siendo inocentes.

“Hoy la ley establece un piso indemnizatorio equivalente al salario mínimo por cada día de detención, pero eso no alcanza. El perjuicio es inmenso y la jurisprudencia es muy restrictiva”, explicó.

El abogado señaló que, además del resarcimiento económico, el Estado debería garantizar apoyo psicológico, reinserción laboral y medidas de reparación simbólica.

“Reparar a los inocentes no es solo pagarles una suma. Es ayudarlos a rehacer sus vidas después de años de encierro y estigmatización”, subrayó.

El presidente de Innocence Project alertó sobre las condenas erradas en Salta y recordó el caso Vera

Reformas y control de las pruebas

Garrido destacó la necesidad de impulsar reformas judiciales que mejoren la calidad de las investigaciones y eviten nuevos errores. “Hay que revisar cómo se presentan las pruebas científicas, capacitar a jueces y fiscales, y eliminar lo que se conoce como ciencias basura, informes sin respaldo científico que influyen en las sentencias”, señaló.

También alertó sobre los riesgos del reconocimiento facial aplicado sin control, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.

“Estos sistemas tienen altos márgenes de error y reproducen sesgos discriminatorios. Ya hay casos de personas detenidas por errores del software, como el de Osvaldo Guzmán”, recordó.

Por ese motivo, Innocence Project Argentina presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los márgenes de error del sistema y exigir auditorías independientes y supervisión civil.