El Congreso discute alternativas tras el cierre de Vialidad y el recorte de fondos para infraestructura

La disolución de Vialidad Nacional por decreto, en medio de una política de parálisis de obra pública, agravó la incertidumbre que existía sobre el estado de las rutas nacionales. La reacción ya llegó a la Justicia e incluso a los mismos caminos: una gestión provincial colocó carteles de señalización para subrayar los baches por la falta de mantenimiento. A pesar del triunfo en el Senado, los fondos para infraestructura estatal no están garantizados y en el Congreso debaten alternativas.

Desde las provincias, el triunfo legislativo de la semana pasada aparenta robustecer las cajas locales de forma inmediata, pero lo cierto es que todavía resta la aprobación en Diputados, el desplante de los gobernadores a Casa Rosada parece ser más una postura circunstancial para negociar con una mejor posición y los fondos que -eventualmente- conseguirían no tienen delimitado su destino. "Se pueden llegar a diluir en algunos gastos corrientes", admiten desde el peronismo, en donde hubo previamente dos proyectos distintos (uno del salteño Sergio Leavy, el otro del catamarqueño Guillermo Andrada) que especificaban el destino de estos fondos para Vialidad.

Lo aprobado la semana pasada elimina tres fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado, estos últimos dos con mucha pertinencia) y tres fondos (Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; Nacional de la Vivienda); y fija una mayor participación en la distribución del impuesto a los combustibles (hasta un 0,5% del PBI), pero no que esa suma vaya a destinarse al reacondicionamiento de caminos. En este momento, las provincias reciben 25,47% (que, en simultáneo, se distribuían un 10,4% al Tesoro local y un 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda). Esa suma pasará a ser del 57,02% de libre disponibilidad de aprobarse la ley, más un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

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De aprobarse la eliminación del Fondo Fiduciario de Infraestructura, que tuvo entre el 75% y el 80% de ejecución en cada trimestre de la gestión Milei según el Programa de Asistencia al Poder Legislativo, se traba una de las herramientas por la que pujaban los mismos diputados que llevaban el reclamo desde las provincias a la Comisión de Obras Públicas: declarar la emergencia para garantizar partidas presupuestarias al mantenimiento de rutas. En ese marco, diputados del radicalismo y el peronismo le confirmaron a este medio haber sostenido reuniones preliminares -y separadas- con trabajadores y exdirectivos de Vialidad para consensuar una estrategia parlamentaria.

Lo cierto es que las provincias tendrán la última palabra. Un diputado lo sintetizó para Ámbito: "Mi postura va a ser la del gobernador". Ese mismo legislador reconoció que “el mantenimiento de las rutas nacionales es una necesidad porque sino la gente se va a matar, o van a romper sus autos o los camiones no van a poder transitar como es debido”. La Cámara baja aún espera la respuesta a su pedido de informe -emitido por voto mayoritario en la sesión del 8 de abril- a la Secretaría de Obras Públicas, que como primera medida tras la disolución de Vialidad abrió licitaciones para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.