
Con escasa información sobre la actual situación de la principal obra social de la Provincia, se conoció la intención del Ejecutivo de producir cambios que de inmediato fueron rechazados por representantes de la masa de afiliados.
La merma sostenida de los recursos que transfiere la Nación sigue siendo una fuerte preocupación de los gobernadores. Será el tema central de una reunión de mandatarios que ha sido organizada por el Consejo Federal de Inversiones.
Opinión05/05/2025Entre Ríos será el escenario de este encuentro que ha sido presentado como una oportunidad para repasar el estado de la relación entre Nación y Provincias y definir los puntos más conflictivos para armar una agenda de demandas que se elevarán al presidente Javier Milei. Algunas ya han sido anticipadas por los gobernadores que suelen promover este tipo de debates y tienen que ver con la necesidad de tener mayor previsibilidad, diálogo institucional y respeto por los acuerdos fiscales.
Es común la queja de los Ejecutivos que suelen tener una relación muy fluida con el Jefe de Gabinete y ministros y secretarios porque avanzan en soluciones a los problemas generados por las políticas nacionales, se firman convenios pero no se ejecutan en tiempo y forma por la morosidad o el incumplimiento de la administración libertaria.
La arista más filosa, sin embargo, es la afectación de la masa de recursos coparticipables por los recientes recortes dispuestos por la conducción económica. Por un lado ARCA aplicó un nuevo esquema de los anticipos anuales del Impuesto a las Ganancias y se eliminó el que las empresas pagaban en junio. La medida altera la planificación financiera de las provincias que incluyeron en sus previsiones presupuestarias el mayor ingreso de mitad de año , que debe cubrir erogaciones que se planificaron en función de ese aporte.
También se cambió el esquema de retenciones del IVA a las operaciones aduaneras, decisión fue calificada como unilateral de Nación y golpea a las provincias porque son recursos coparticipables.
Quienes están haciendo oír su voz con más potencia son los gobernadores aliados, quienes reconocen que hay tensión con la Casa Rosada, que se agudiza en pleno año electoral. Precisamente esa condición complica más la situación porque no juega a favor de nadie; al menos no respecto de las urgencias que tienen las administraciones provinciales y las necesidades de una gestión nacional, con clara debilidad parlamentaria que pretende revertir en las elecciones de octubre.
Aunque los negociadores del Ejecutivo nacional aseguran que el diálogo con los gobernadores no se cortó, lo que se debe solucionar no es poco. Si se deja de lado la intención del Presidente de la Nación de disciplinar a los gobernadores con la billetera -que expresó en el inicio de su gestión- queda la pretensión de los mandatarios de que los impuestos que bajen no sean los coparticipables.
Otro aspecto que debe discutirse es el de la caída de la recaudación, como evidencia de la baja de la actividad económica. Los últimos datos oficiales publicados, correspondientes a marzo, revelaron una caída del 8,2% en términos reales, y la del IVA en un 9,5%. La recaudación coparticipable tuvo una caída aún más significativa; fue del 12% real. En abril, la Nación distribuyó más de 4 billones de pesos en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, pero las provincias necesitan más previsibilidad y menos discrecionalidad del gobierno nacional.
En Salta hay elecciones este domingo, al igual que en otros tres distritos. Son escenarios en los que se debate su destino.
Salta, O5 de mayo de 2025
Con escasa información sobre la actual situación de la principal obra social de la Provincia, se conoció la intención del Ejecutivo de producir cambios que de inmediato fueron rechazados por representantes de la masa de afiliados.
Tres decisiones del gobierno nacional impactaron en territorio sindical, enervando una estructura resistente a los cambios. Anticipan un clima de conflictividad que no frenará el ímpetu reformador, ante la inminencia de la caducidad de las facultades delegadas al Presidente de la Nación.
Uno de los perjuicios más importantes que generaron los modelos neoliberales implementados en nuestro país fue la profundización de las desigualdades entre el interior del país y la zona núcleo.
Este criterio no es novedoso ni aislado, incluso el mismo Colegio de Abogados de Salta el año pasado, se pronunció en la misma línea al respaldar la continuidad de la Dra. Teresa Ovejero.
En pleno año electoral se debate sobre el sentido de las elecciones como elemento de expresión de la voluntad popular. La dirigencia se empeña en usar ese proceso institucional para tomar el poder e incorporarlo a su patrimonio personal. El resultado es el progresivo alejamiento ciudadano y la creciente judicialización de la política.
Cerrado el proceso electoral de reforma legislativa, los actuales legisladores se preparan para analizar importantes proyectos de ley. Se trata de modificar normas para promover mejoras que orienten el desarrollo provincial y promuevan la cantidad y calidad de fuentes de trabajo.
El Ejecutivo Provincial envió el proyecto de ley para su tratamiento en las Cámaras legislativas.
El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.
Después de la denuncia que también reveló un espúreo manejo de $90 millones de subsidios estatales por parte del Presidente de la Agencia Salta Deportes, otra profesora también lo acusó por amenazas y violencia institucional.
Minería, turismo, ingresos brutos a comercios, armonización y actualización del Código Fiscal, entre otras medidas.