Desde las sesiones ordinarias y las extraordinarias de 2024, no hubo sosiego en ambas cámaras, en las que el oficialismo no tiene mayoría. En realidad, su presencia se nota a través de sectores aliados que acompañan las sanciones que demanda un gobierno que está construyendo su propia estructura política. En esa tarea avanza tantos pasos como los que retrocede por lo que en la negociación el juego se abre hacia otros protagonistas, tan influyentes como demandantes, que son los gobernadores. Y todos están participando en este momento que tiene sus particularidades, especialmente para un Ejecutivo que no registra historia política y se apoya en referentes de escasa experiencia.
Se ha atravesado la mitad del año calendario y legislativo. Por delante queda el giro al Congreso del proyecto de presupuesto para 2026 porque una nueva prórroga del que fuera sancionado en 2022 significa un riesgo de fracaso, que habilitaría la intervención de la oposición en la arista estratégica del proyecto libertario.
En lo inmediato deben promulgarse tres leyes que el presidente Javier Milei quiere vetar, pese a que se aprobaron con mayoría aplastante y evitar -si es posible- que se logre la media sanción que le falta a sendos proyectos impulsados por los gobernadores para establecer el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Como si esas definiciones no fuesen suficientes para afectar el precario superávit fiscal alcanzado con un fuerte ajuste, en Diputados esperan con dictamen el fin del receso, iniciativas para declarar la emergencia pediátrica y ampliar el financiamiento universitario.
Ese complicado panorama no agota las exigencias que plantean definiciones políticas medulares de la administración de La Libertad Avanza. Hace una semana caducaron las facultades delegadas del Ejecutivo nacional en el marco de la emergencia declarada por la llamada ley de Bases. Su aplicación se expresó en la sucesión de decretos que modificaron al menos 65 organismos de distintos sectores vinculados a la ciencia, la cultura, infraestructura, salud, entre otros. Los cambios llevaron incluso a la disolución de estructuras cuya utilidad no se discute; más aún, se demanda desde cualquier punto del país, como es el caso de Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, el Instituto del Cáncer, sólo para citar los que más se reclamaron en estos días.
Algunos decretos pasaron más desapercibidos para la mayoría de la población pero no para una dirigencia política alerta por la naturaleza de las reformas que disponen. Es el caso de cinco normas que se publicaron el 8 de julio pasado en el Boletín Oficial reorganizando las fuerzas federales de seguridad. La ministra del ramo, Patricia Bullrich, calificó al paquete como una reforma histórica en cinco décadas y de inmediato fue sometido al análisis de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
En principio y pese al esfuerzo por fundamentar los propósitos del cambio que realizaron los enviados de esa cartera, los legisladores actuaron con mucha cautela y esperan descartar una supuesta imposibilidad del Gobierno de avanzar, más allá de las facultades delegadas con este tipo de temas. Es que en la ley Bases no estuvo incluida la emergencia en seguridad, por decisión expresa de los diputados y atento a que la Bicameral de Trámite Legislativo -que trata estas cuestiones- no se muestra muy diligente en su trabajo, se pretende usar el ímpetu opositor actual para determinar en el recinto la validez de cambios que legalizan el espionaje en las redes, por ejemplo.
No se puede soslayar que en lo queda del año hay elecciones nacionales, lo que no es un dato menor.
Salta, l6 de julio de 2025
