Sin embargo, no tienen garantizados los votos para aprobar la ley, ya que necesitan una mayoría agravada de 37 votos.
El proyecto propone que aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública, como corrupción y malversación de fondos, no puedan presentarse como candidatas a cargos electivos si la condena fue confirmada en segunda instancia antes de la fecha de cierre de los padrones electorales.
La oposición, liderada por Unión por la Patria, se muestra firme en su rechazo al proyecto, y algunos senadores oficialistas provinciales, como los de Por Santa Cruz y el Frente Renovador de la Concordia, podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado.
La fecha elegida para la sesión no parece ser la mejor para el Gobierno, ya que coincide con una movilización de los gremios de las centrales sindicales en apoyo al reclamo de los jubilados y en vísperas de un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el modelo económico del Gobierno.
En este contexto, la ley de Ficha Limpia enfrenta un desafío importante en el Senado, y su aprobación dependerá de la capacidad del oficialismo para conseguir los votos necesarios.
La iniciativa, firmada por medio millón de personas, pretende dar certeza a la población de no votar a corruptos y evitar que la "casta de los impunes" siga gobernando el país. La propuesta modifica el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, estableciendo que no podrán ser candidatos aquellos condenados por delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros.
La ley de Ficha Limpia es un paso hacia la transparencia política y la erradicación de la corrupción, pero su implementación enfrenta desafíos legales y políticos. Es fundamental que se debata y se analice cuidadosamente para garantizar que se logren sus objetivos sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.
La sesión será el mismo día que los gremios de las centrales sindicales se movilizarán al Congreso en apoyo al reclamo de los jubilados y en vísperas de un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el modelo económico del Gobierno. Tampoco el momento es el ideal para la Casa Rosada: en medio de la convulsión internacional por las medidas adoptadas por el presidente estadounidense Trump, sin que Milei esboce una respuesta a las consecuencias que las mismas acarrearán para Argentina en su alineamiento incondicional con los Estados Unidos.
Además del regreso sin gloria de Mar A Lago, donde no obtuvo la foto con Trump ni respuesta concreta sobre el salvataje del FMI al que se aferra el Gobierno para sostener su política económica. El proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara baja, propone que aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública, --como es el caso de la expresidenta en la cuestionada causa Vialidad-- , no puedan presentarse como candidatas a cargos electivos si la condena fue confirmada en segunda instancia antes de la fecha de cierre de los padrones electorales.
