El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, convocó a una sesión para tratar el proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara baja.
Opinión08/04/2025 Mónica Juárez
Sin embargo, no tienen garantizados los votos para aprobar la ley, ya que necesitan una mayoría agravada de 37 votos.
El proyecto propone que aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública, como corrupción y malversación de fondos, no puedan presentarse como candidatas a cargos electivos si la condena fue confirmada en segunda instancia antes de la fecha de cierre de los padrones electorales.
La oposición, liderada por Unión por la Patria, se muestra firme en su rechazo al proyecto, y algunos senadores oficialistas provinciales, como los de Por Santa Cruz y el Frente Renovador de la Concordia, podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado.
La fecha elegida para la sesión no parece ser la mejor para el Gobierno, ya que coincide con una movilización de los gremios de las centrales sindicales en apoyo al reclamo de los jubilados y en vísperas de un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el modelo económico del Gobierno.
En este contexto, la ley de Ficha Limpia enfrenta un desafío importante en el Senado, y su aprobación dependerá de la capacidad del oficialismo para conseguir los votos necesarios.
La iniciativa, firmada por medio millón de personas, pretende dar certeza a la población de no votar a corruptos y evitar que la "casta de los impunes" siga gobernando el país. La propuesta modifica el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, estableciendo que no podrán ser candidatos aquellos condenados por delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros.
La ley de Ficha Limpia es un paso hacia la transparencia política y la erradicación de la corrupción, pero su implementación enfrenta desafíos legales y políticos. Es fundamental que se debata y se analice cuidadosamente para garantizar que se logren sus objetivos sin vulnerar los derechos de los ciudadanos.
La sesión será el mismo día que los gremios de las centrales sindicales se movilizarán al Congreso en apoyo al reclamo de los jubilados y en vísperas de un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el modelo económico del Gobierno. Tampoco el momento es el ideal para la Casa Rosada: en medio de la convulsión internacional por las medidas adoptadas por el presidente estadounidense Trump, sin que Milei esboce una respuesta a las consecuencias que las mismas acarrearán para Argentina en su alineamiento incondicional con los Estados Unidos.
Además del regreso sin gloria de Mar A Lago, donde no obtuvo la foto con Trump ni respuesta concreta sobre el salvataje del FMI al que se aferra el Gobierno para sostener su política económica. El proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara baja, propone que aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública, --como es el caso de la expresidenta en la cuestionada causa Vialidad-- , no puedan presentarse como candidatas a cargos electivos si la condena fue confirmada en segunda instancia antes de la fecha de cierre de los padrones electorales.
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
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