El pasado 9 de julio se venció la irresponsable delegación de facultades que el Congreso de la Nación le concedió al Poder Ejecutivo Nacional a través de la llamada ley Bases.
Opinión14/07/2025 Juan Manuel Urtubey
Antes que opere el vencimiento, el gobierno se apuró a disolver otros 21 organismos públicos, entre los que se destacan: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEE, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros.
En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación en la falta de resultados concretos.
Otros organismos se transforman en unidades organizativas dependientes de ministerios. Entre ellos, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Será importante ver este cambio que resultados produce, por ejemplo, con el sistema de transporte público. Se desmantela la CNRT - el ente de control y regulación de transporte- y se lo divide en otras dos áreas diferentes.
Cada uno de los organismos mencionados tenían asignadas funciones de capital importancia para el Estado. La fuerte reacción que ha generado la Disolución de Vialidad Nacional refleja la conciencia de gran parte de la sociedad argentina, sobre todo de los habitantes del interior, respecto de la necesaria presencia del Estado en funciones esenciales como la que dicho organismo realiza.
Considero pertinente, al haber concluido el plazo de delegación legislativa, previsto en la mencionada Ley Bases, hacer un balance de las consecuencias de su aprobación.
El Poder Ejecutivo dictó 157 normas con rango de ley entre diciembre de 2023 y julio de 2025: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se apoyan en el Título II de la Ley Bases (Reforma del Estado).
Todas las normas mencionadas tuvieron por objeto eliminar o privatizar organismos, no solo afectando seriamente al interés público y la seguridad de los argentinos, sino también condenando a los más vulnerables a la desprotección más absoluta.
En resumen, como podemos advertir con absoluta claridad, siguiendo su ideario anarco capitalista, el gobierno nacional utilizó la zanahoria del incentivo a nuevas inversiones, inexistentes, por cierto, con el objeto de avanzar en su pertinaz tarea de destruir al Estado de manera tal de dejar a los ciudadanos totalmente desprotegidos, a expensas de los dictados de los jefes del presidente.
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
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