El panorama es complejo y si bien puede interpretarse que la última sesión del Senado de la Nación ha fortalecido a los mandatarios provinciales, solo les ha confirmado que todavía tienen margen de negociación para allegar fondos a sus administraciones. No necesariamente significa que pueden solucionar el cúmulo de problemas que plantea la compleja situación social.
Al Gobierno Nacional le urge vetar leyes que complican mantener el superávit fiscal logrado. A los gobiernos provinciales les apura que Diputados aprueben los dos proyectos que impulsaron y que ya tienen la media sanción de la Cámara alta. Esto es, aportar al tercio para sostener el veto que impondrá el Ejecutivo a las leyes previsionales y de emergencia de discapacidad es una posibilidad que no considera la necesidad social que las ha impuesto. Apenas esto sea visible para la amplia franja poblacional que verá frustrado el acceso a esos beneficios, podrá ponderarse el costo político que tendrá para los gobernadores.
Está en juego el reparto de casi un billón y medio de pesos, un tercio de los cuales corresponde a recursos que se recaudan a través del impuesto a los combustibles líquidos, cuyo destino son tres fondos fiduciarios, que se vaciarían según el orden de prioridades que cada administración provincial decida. No menos importante son los ingresos provenientes del fondo de ATN, que se integra con dinero proveniente de la coparticipación. Es una bolsa cuyo manejo es una facultad discrecional de la Presidencia de la Nación, que en sus 19 meses de gestión virtualmente la mantuvo cerrada.
En la cuestión no son los únicos protagonistas. Es cierto que el gobierno libertario se ocupó desde su asunción en alcanzar el objetivo de ordenamiento fiscal y lo fue alcanzando a costa de un ajuste que explicó en esos términos, aunque sin reconocer que alcanzaba a trabajadores, jubilados y pymes. Declaraba estar atacando a los sectores de privilegio y a nichos de corrupción, que usufructuaban del Estado a costa de la Nación. No fue exactamente así y lo prueban los resultados.
Los gobernadores están obligados a recuperar recursos cuya remisión fue suspendida por el gobierno nacional, que los recauda. Ello así porque tienen asignación específica y porque son fondos que les pertenecen a las provincias; pero especialmente porque los necesitan imperiosamente.
Obviamente que no se trata de una cuestión meramente dineraria. Se trata de evitar el desmantelamiento de la infraestructura que sostiene la cohesión nacional. Cuando se mueva la ficha del veto, el Ejecutivo nacional debe abrir la negociación para evitar la insistencia en la sanción de los proyectos que favorecen a millones de argentinos de las franjas más vulnerables pero perturban sus políticas de gestión. La moneda de cambio puede ser el cambio en la relación financiera con los gobernadores.
Si a los mandatarios les alcanza con poner a resguardo el equilibrio de sus propias cuentas, pueden debilitar el vínculo con la base de su poder, que es el pueblo de su provincia. Entonces deberán enfrentar una encrucijada.
La sociedad debe observar que en esta situación, la cuestión de fondo no es la inflación sino la institucionalidad.
Salta, 14 de julio de 2025
