
Las piñas donde otro salteño tiro manotazos también, además, de desagrado me genero sorpresa, es que era él mismo que dijo "NO Creo fue los jubilados mueran por no acceder a los medicamentos y si no tienen recursos deben acudir a un familiar. ..”
La Justicia es una de las instituciones más desprestigiada en el aprecio social, según encuestas que relevan la opinión al respecto. Sin embargo, también hay un claro reconocimiento de su papel en la vida comunitaria.
Opinión18/03/2025Precisamente, en diciembre pasado se relanzó el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), una herramienta creada en 2004 que mide la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en la Argentina. Es un estudio que realizan la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y su Colaboratorio en Derecho y Desarrollo y el Foro de Estudios de la Administración de Justicia; en esa última medición se confirmó que el nivel de confianza en la Justicia es bajo porque los consultados no creen que sea equitativa, eficiente, honesta y que efectivamente controle al poder. La interferencia de los poderes político y económico en la Justicia es una de las principales debilidades informadas por las personas encuestadas. Sin embargo, ante situaciones judiciables concretas, la gran mayoría de los entrevistados continúa viendo en la justicia un medio confiable para resolver sus conflictos.
Lo que refleja este índice viene registrándose en estudios de opinión pública sobre justicia en Argentina desde el comienzo mismo de este siglo y se agudizó durante los gobiernos kirchneristas. Vale mencionar una investigación realizada en 2017 por la reconocida consultora Voice!, en la que se determinó una elevada desconfianza en el Sistema Judicial cuando 7 de cada 10 pensaban que, además de corruptos y lentos en la resolución de las causas, los jueces actuaban influenciados. Sin embargo, la mayoría de quienes estuvieron en litigios judiciales evaluaba positivamente la forma en que se resolvió su caso.
Un repaso de la actuación judicial en hechos resonantes recientes muestran cómo se expresan estas contradicciones. El DNU que aprueba la negociación de la deuda con el FMI fue denunciado por inconstitucional en un juzgado de La Plata, que ya había fallado favorablemente en un recurso similar, por lo que el Ejecutivo nacional recurrió a un juzgado de Comodoro Py, para evitar una derrota segura. En otro orden, la Justicia Federal anunció que va a monitorear la movilización de este miércoles frente al Congreso de la Nación, para observar sobre el terreno cómo opera el Protocolo de Patricia Bullrich para controlar la protesta social. Un grupo de instituciones sociales había planteado un recurso de inconstitucionalidad en su contra.
En la Provincia, la Justicia también es reconocida como el bastión de defensa de derechos esenciales, aún cuando también figura como un poder con bajo nivel de confianza. Dos antecedentes para resolver problemas en rutas nacionales dan cuenta que la sociedad recurre a ella como última instancia, tras el fracaso de la política en su resolución. Ocurrió con la 9/34 en el tramo entre Metán y Yatasto, a fin de lograr su reparación, y ahora, con un reclamo para que se destraben los fondos de una obra vial comprometida desde 2022, en la Ruta Nacional 9 en el tramo que une Salta con Vaqueros. En ambos casos se acogieron las demandas, con expectativas favorables.
En tanto, esta semana se conoció una cautelar de una jueza de Orán prohibiendo a EDESA cortar la luz por falta de pago, hasta tanto se resuelva el fondo de una acción de amparo colectiva. Fue la salida para lograr que se garantice la prestación del servicio esencial de energía eléctrica en condiciones óptimas, continuas y seguras, evitando interrupciones prolongadas o reiteradas que perjudiquen la calidad de vida de los usuarios.
No hay dudas que está resentida la calidad institucional de la democracia argentina pero debe valorarse que la sociedad apuesta a ese sistema, que es el mejor para la convivencia comunitaria. Urgen las mejoras para resguardar la institucionalidad.
Salta, 18 de marzo de 2025
Las piñas donde otro salteño tiro manotazos también, además, de desagrado me genero sorpresa, es que era él mismo que dijo "NO Creo fue los jubilados mueran por no acceder a los medicamentos y si no tienen recursos deben acudir a un familiar. ..”
La semana se inició con la demanda del agro salteño de medidas concretas para mejorar la producción. El planteo se ubica entre la preocupación por las inundaciones en el norte de la Provincia y con la ocupación de la dirigencia política en el armado de listas de candidatos.
Casi dos tercios de los jubilados argentinos cobran 336.000 pesos, sumando el haber mínimo y el bono que incorporó el gobierno al derogar la ley de actualización jubilatoria.
Se cerró esta semana una estratégica etapa del proceso electoral que concluirá en los comicios del 11 de mayo en la Provincia.
La que está terminando ha sido una semana difícil para la distribuidora de energía y su controlador en la Provincia. La disconformidad de usuarios por la mala calidad de la prestación y las altas tarifas fue canalizada por legisladores e intendentes.
Días grises. Y en la persistencia de la lluvia se va despidiendo el verano salteño.
Con un doblete de Milton Giménez y otros tantos de Cavani y Merentiel, el conjunto de Gago acumuló su sexta victoria al hilo y quedó como único líder de la Zona A del Torneo Apertura.
Se dispuso la remisión de los antecedentes de los dos asesores que tenía el legislador, para ser investigados de manera conjunta. Se busca evitar sentencias contradictorias.
Se habilitaron tres campamentos para alojar a las familias que aceptaron trasladarse ante la crecida del cauce. El trabajo y la asistencia a los evacuados, como a los vecinos que permanecen en sus comunidades, es de 24 horas para atenuar la situación.
El Decreto 196/25 digitaliza el proceso, elimina la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y reduce costos para el sector de transporte de cargas.
El funcionario enfrenta acusaciones de asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad ideológica. La maniobra incluiría la autorización de los lotes, empresas constructoras y la venta en inmobiliarias.