Precisamente, en diciembre pasado se relanzó el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), una herramienta creada en 2004 que mide la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en la Argentina. Es un estudio que realizan la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y su Colaboratorio en Derecho y Desarrollo y el Foro de Estudios de la Administración de Justicia; en esa última medición se confirmó que el nivel de confianza en la Justicia es bajo porque los consultados no creen que sea equitativa, eficiente, honesta y que efectivamente controle al poder. La interferencia de los poderes político y económico en la Justicia es una de las principales debilidades informadas por las personas encuestadas. Sin embargo, ante situaciones judiciables concretas, la gran mayoría de los entrevistados continúa viendo en la justicia un medio confiable para resolver sus conflictos.
Lo que refleja este índice viene registrándose en estudios de opinión pública sobre justicia en Argentina desde el comienzo mismo de este siglo y se agudizó durante los gobiernos kirchneristas. Vale mencionar una investigación realizada en 2017 por la reconocida consultora Voice!, en la que se determinó una elevada desconfianza en el Sistema Judicial cuando 7 de cada 10 pensaban que, además de corruptos y lentos en la resolución de las causas, los jueces actuaban influenciados. Sin embargo, la mayoría de quienes estuvieron en litigios judiciales evaluaba positivamente la forma en que se resolvió su caso.
Un repaso de la actuación judicial en hechos resonantes recientes muestran cómo se expresan estas contradicciones. El DNU que aprueba la negociación de la deuda con el FMI fue denunciado por inconstitucional en un juzgado de La Plata, que ya había fallado favorablemente en un recurso similar, por lo que el Ejecutivo nacional recurrió a un juzgado de Comodoro Py, para evitar una derrota segura. En otro orden, la Justicia Federal anunció que va a monitorear la movilización de este miércoles frente al Congreso de la Nación, para observar sobre el terreno cómo opera el Protocolo de Patricia Bullrich para controlar la protesta social. Un grupo de instituciones sociales había planteado un recurso de inconstitucionalidad en su contra.
En la Provincia, la Justicia también es reconocida como el bastión de defensa de derechos esenciales, aún cuando también figura como un poder con bajo nivel de confianza. Dos antecedentes para resolver problemas en rutas nacionales dan cuenta que la sociedad recurre a ella como última instancia, tras el fracaso de la política en su resolución. Ocurrió con la 9/34 en el tramo entre Metán y Yatasto, a fin de lograr su reparación, y ahora, con un reclamo para que se destraben los fondos de una obra vial comprometida desde 2022, en la Ruta Nacional 9 en el tramo que une Salta con Vaqueros. En ambos casos se acogieron las demandas, con expectativas favorables.
En tanto, esta semana se conoció una cautelar de una jueza de Orán prohibiendo a EDESA cortar la luz por falta de pago, hasta tanto se resuelva el fondo de una acción de amparo colectiva. Fue la salida para lograr que se garantice la prestación del servicio esencial de energía eléctrica en condiciones óptimas, continuas y seguras, evitando interrupciones prolongadas o reiteradas que perjudiquen la calidad de vida de los usuarios.
No hay dudas que está resentida la calidad institucional de la democracia argentina pero debe valorarse que la sociedad apuesta a ese sistema, que es el mejor para la convivencia comunitaria. Urgen las mejoras para resguardar la institucionalidad.
Salta, 18 de marzo de 2025
