Si bien el trajín del gobierno nacional apunta a blindar su política fiscal, no es una tarea que como tal sea percibida por el ciudadano que, por su parte, también trata de resguardar lo que observa en riesgo. Trabajo, ingresos y, en definitiva, calidad de vida, son sus preocupaciones.
Desde el Ejecutivo se le ha ratificado que esos propósitos son coincidentes con los que sostiene la administración libertaria que -lo expresó el propio Presidente de la Nación- está ocupada en que la inflación siga bajando, que la pobreza continúe en retirada, que los ingresos aumenten y el nivel de vida mejore. Para ello dos reglas son de oro: no volver al pasado ni repetir las recetas que llevaron al país al fracaso.
Esas consideraciones encuadraron una virtual apertura de la campaña electoral con la que el oficialismo pretende ampliar su inserción en ambas Cámaras, para llevar adelante un paquete de reformas que le permita arreglar la economía de raíz, con orden fiscal, monetario y cambiario.
Nada valioso en la vida ocurre de la noche a la mañana, dijo el mandatario en su cadena nacional del último viernes. Y dejó en claro que tampoco sin sacrificio; lejos está el ajuste en marcha de alcanzar su tope. Con comicios a la vista no habrá planes facilistas como en anteriores años electorales y dejó en claro que no hará nada que le convenga personalmente en términos de poder, especialmente si significa aumentar el gasto público.
Cargando sobre el Congreso que lleva aprobados proyectos que a su juicio ponen en riesgo el superávit fiscal, acusó a sus miembros de usar causas nobles como excusas para promulgar leyes que llevan a la quiebra al Estado nacional. En ese punto anticipó que enviará un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. A días que se venza el plazo que la Constitución Nacional establece para girar el cuadro de gastos y recursos del próximo ejercicio fiscal, no hizo referencia alguna al incumplimiento en el incurrió en sus primeros dos años de gestión y optó por asegurarse que cualquier iniciativa que exija recursos debe determinar su origen. Es una regla deseable pero no es un requisito constitucional.
Tampoco es constitucional pretender penalizar a legisladores por sancionar leyes que eventualmente generen déficit fiscal sin violar la inmunidad de expresión parlamentaria y dañar la independencia del Poder Legislativo, coartando la deliberación democrática. Algunos constitucionalistas consideraron absurda la decisión presidencial y otros advirtieron el riesgo del fin de la República.
Los anuncios presidenciales, que incluyeron un pedido a la sociedad para que confíe en el proyecto que lidera el libertario Javier Mliei, no son ajenos a las leyes en tratamiento en ambas cámaras. En ese listado están los que importan a los gobernadores, que demandan más recursos porque sus obligaciones crecieron y no se pueden suspender servicios esenciales.
En nombre del superávit fiscal sólo se puede terminar con los privilegios de la política.
Salta, 11 de agosto de 2025
