Es una demanda que elípticamente planteó el titular del Palacio de Hacienda al cuestionar la vigencia de esa carga fiscal, a la que calificó como el peor impuesto que una economía puede tener.
Con la publicación en el Boletín Oficial del decreto correspondiente, desde el pasado lunes está vigente la baja de las retenciones que se vienen aplicando a las exportaciones del campo, que para el caso de las economías regionales fueron eliminadas totalmente. En los términos de dicha norma, por ejemplo, la soja pasó de 33% a 26%, el trigo deberá pagar 2 puntos y medio menos, al igual que el maíz y el girasol. Los productos de las economías regionales que pasan a cero son entre otros el azúcar, el algodón, el tabaco, los derivados de la forestoindustria y el arroz.
Esta medida, largamente reclamada y que sorpresivamente fue anunciada la semana pasada, tiene una vigencia temporal que se extiende hasta el 30 de junio. No es la única condición que limita su aplicación; los beneficiarios deben adherirse al régimen, hacer una nueva declaración jurada con los volúmenes y luego, liquidar al menos el 95% de lo declarado en 15 días hábiles.
La acotada generosidad encuentra su explicación en el impacto que tendrá sobre la recaudación. Un cálculo grueso estima que la pérdida del Gobierno con la quita de retenciones puede ser un poco menos de un punto del Producto Bruto Interno. A ello debe sumarse que en este ejercicio fiscal, el Gobierno no contará con los ingresos del Impuesto PAIS, que representaban el 1,44% del PBI. Tampoco contará el producido por la moratoria y el blanqueo, por lo que la pérdida de recursos tributarios en este 2025 superará el 2%.
Los especialistas no pierden de vista las líneas más fuertes de la gestión libertaria que desde su arranque presentó como condición innegociable el superávit fiscal. Si caen los ingresos, debe hacerse un recorte de gastos de igual magnitud, como senda para no abandonar una virtuosa práctica de la que el gobierno de Javier Milei viene haciendo gala. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal ya hizo un cálculo sobre el costo del menor ingreso por retenciones y estimó que obligaría a reducir en un 47% las transferencias no automáticas a las provincias.
Si efectivamente se ejecuta ese recorte, no habría demasiadas posibilidades que las provincias se allanen a la pretensión expresada por el titular de Economía, Luis Caputo, de eliminar o al menos rebajar el impuesto a los Ingresos Brutos que se aplica en cada jurisdicción. Por ahora, solo Entre Ríos, Chubut y Córdoba aceptaron lo que el funcionario nacional presentó como una invitación.
En Salta no se está trabajando para eso; ni siquiera se evalúa hacerlo, aunque se reconoce que hay una fuerte presión para que se adopte tal decisión. Tras cuatro ejercicios consecutivos de equilibrio en las cuentas públicas, no existe la intención de arriesgarlo para ayudar a la Nación a que lo logre cuando no coparticipa tres de los siete impuestos más importantes y sobre los cuatro restantes, coparticipa el 50%. Además, se ha retirado de importantes obligaciones, como la ejecución de obras de infraestructura, esenciales para asegurar el desarrollo de un país tan extenso.
Aunque no aparece en el centro de la escena pública, el debate pendiente en el país se está manifestando. Es el de la coparticipación federal, que debe encararse en los términos y foros correspondientes en defensa de principios básicos del orden institucional del país.
Salta, 28 de enero de 2025
