Ivana Chañi
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SiTEPSa) emitió este lunes un comunicado en el que señala que los requisitos establecidos por el gobierno provincial para la titularización docente vulneran derechos fundamentales. En particular, el gremio apuntó contra la exclusión de docentes imputados por delitos dolosos, incluso en casos sin sentencia firme, lo que consideran una violación al principio constitucional de presunción de inocencia.
“La decisión de excluir a los docentes con procesos pendientes atenta contra el derecho al debido proceso y el trabajo estable. La presunción de inocencia es un principio que no puede ser ignorado, ya que evita que se apliquen sanciones previas a una resolución judicial”, indicó el comunicado. SiTEPSa advirtió que estas medidas no solo afectan a la carrera docente, sino que podrían sentar un precedente preocupante en otras áreas laborales.
En diálogo con Aries, Victoria Cervera, secretaria general del gremio cuestionó la resolución del ministerio encabezado por la ministra Cristina Fiore. “Para cualquier delito se necesita sentencia firme y no simplemente estar imputado porque después de un proceso judicial, puede resultar inocente, entonces esa persona pierde el derecho a la estabilidad laboral”, espetó.
Asimismo, advirtió que “se está vulnerando el principio de inocencia y en ese caso, debería suspenderse el proceso de titularización hasta que el docente pueda demostrar que es inocente y titularizar como corresponde”.
El gremio solicitó al gobierno escolar la suspensión de las exclusiones para docentes imputados por delitos contra la integridad sexual hasta que exista una sentencia judicial firme. Según SiTEPSa, esta medida protegería tanto los derechos laborales como la transparencia del proceso, sin vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores.
La titularización docente en Salta es un proceso clave para garantizar la estabilidad laboral y profesional del sector. Sin embargo, los cuestionamientos del gremio apuntan a la necesidad de ajustar los criterios a la legislación vigente. Desde SiTEPSa, insisten en que la protección de los derechos constitucionales debe prevalecer en todo procedimiento administrativo o laboral.
