El Congreso ya fue convocado a sesiones extraordinarias. La próxima semana se pone en movimiento para las primeras actividades, como es el reconocimiento del ordenamiento interno de cada sector político.
Opinión14/01/2025
El manejo del Ejecutivo nacional quita previsibilidad a la actividad de aliados y opositores que por distintas razones, especialmente por el carácter presidencialista del gobierno, deben esperar sus movimientos y actuar de manera reactiva. Tal circunstancia es particularmente notoria cuando está alcanzando su pico la crisis del sistema de partidos políticos.
Por Decreto 23, fechado el 10 de enero y publicado este lunes en el Boletín Oficial, se hizo el llamado a extraordinarias para el tratamiento de un ajustado temario, que excluye un tema fundamental: el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025. No sorprende ya que fue el propio gobierno de La libertad Avanza el que evitó su tratamiento durante el período ordinario de sesiones.
La nómina de proyectos llevó a que desde los distintos bloques políticos se marcara esa exclusión. Desde el extremo opuesto a la gestión de Javier Milei, el peronismo calificó de despropósito que se convocara a extraordinarias marginando a la que llamó “la ley de leyes” y se optara por cuestiones que “no tienen nada que ver con la vida cotidiana y las preocupaciones de los argentinos”.
El principal socio del gobierno también cuestionó esa decisión. A través de un comunicado, el PRO hizo notar que el presupuesto es una herramienta esencial que no sólo impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático. La cuestión le permitió, en realidad, plantear públicamente la queja por el trato que viene recibiendo de un oficialismo al que acompaña sin condicionamientos pero del que no recibe ningún reconocimiento. De allí que haya cargado las tintas sobre “preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos”. El partido que preside Mauricio Macri dijo que el enfoque que el gobierno libertario aplica, “lo aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”.
Un tercer sector toma cuerpo en estas circunstancias. Son los gobernadores que, si bien padecen las mismas dificultades de orden financiero, sus problemáticas tienen matices y el perfil de cada mandatario concurren a que no integren un grupo homogéneo. Los une el impacto de la caída de transferencias registrada en 2024; la coparticipación federal disminuyó un 10% en términos reales y las transferencias no automáticas se redujeron casi un 79% respecto a 2023.
Salta se ubica entre las provincias afectadas con mayores reducciones en transferencias automáticas. Pese a ello aprobó su presupuesto en base a las proyecciones establecidas en el proyecto nacional girado al Congreso en setiembre pasado. En este caso, Gustavo Sáenz trata de ganar tiempo para llegar sin mayores conflictos sociales a las elecciones de medio tiempo del 4 de mayo, que resultan cruciales para mantener la hegemonía legislativa que encubre los problemas de su gestión.
Resolver las PASO nacionales, imponer la Ficha Limpia, ajustar la legislación para fortalecer las políticas de Seguridad o definir el Índice de Actualización de Quebrantos, son decisiones importantes. No lo es menos cubrir las vacantes en la Justicia. Pero mucho más es limitar la discrecionalidad del Presidente de la Nación para disponer sobre el destino de las provincias, manejando a su antojo ingentes recursos y sustrayéndolos del control público.
Es el momento para que la política muestre al ciudadano su razón de ser.
Salta, 14 de enero de 2025
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
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