El nuevo año trajo una novedad importante, cuya trascendencia dependerá de la coincidencia social en torno de su aplicación. Se trata del régimen de transparencia fiscal que obliga a la discriminación de impuestos en las facturas.
Opinión03/01/2025
Para una sociedad que aún no presta atención suficiente a la información contenida en tickets y facturas, quizás no le parezca importante que a partir del primer día de 2025, en una primera etapa, las grandes empresas estén obligadas a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales. La medida, instrumentada a través de la Resolución General 5614 de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), se extenderá paulatinamente al resto del universo de los responsables inscriptos, de forma opcional hasta el 31 de marzo y obligatoriamente a partir del 1° de abril.
Esa línea de información no impacta internamente en las empresas pero sí lo hace -o debiera hacerlo- en el universo de contribuyentes. Las empresas denuncian que la muy elevada presión tributaria que registra la economía nacional es una rémora para su crecimiento, para la generación de empleo y el progreso económico y social. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios se reconoció que los argentinos vienen padeciendo “la voracidad fiscal de numerosos gobiernos que han contado con un aliado clave: la opacidad de la carga”, porque muchos impuestos no son claramente percibidos por la ciudadanía.
Ello ha llevado a que la ONG Lógica haya impulsado la medida de mostrar esa carga impositiva en las facturas que llegan a las manos de usuarios y consumidores. Lo hizo a través de una campaña digital para terminar con “la inaceptable prohibición de 50 años de mostrar los impuestos que inciden en los precios”, como oportunamente señalara Matías Olivero Vila, su presidente.
De lo que se trata es de la falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana. “Ello resultó en un descontrol del gasto público, que se cubrió con los impuestos y la inflación más altos del mundo”, se cuestionó desde Lógica. En consecuencia, lo que se pretende es empoderar al ciudadano con la información que pone en evidencia cuando los políticos sancionan tributos excesivos porque irán al ticket.
El régimen vigente desde el primer día de 2025, plantea otra exigencia para alcanzar sus propósitos. Es que las provincias adhieran para que se visibilicen también ingresos brutos y tasas municipales”. Según la ley 27.743, ellas tienen la facultad de hacerlo pero en realidad es una obligación dado que el artículo 42 de la Constitución Nacional exige que al consumidor se le dé información adecuada y veraz y esta información de los impuestos que soportan es esencial. A propósito de esta consideración hay que señalar que sólo cinco provincias están adheridas a este régimen y en ese listado no figura Salta.
Es importante insistir en que los beneficios del régimen dependerá del grado de concientización fiscal ciudadana. El objetivo final debe trascender esta medida y lograr que de ahora en más lo fiscal no sea una cuestión exclusivamente política sino que se convierta en una cuestión ciudadana.
Salta, 03 de enero de 2025
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