El nuevo año trajo una novedad importante, cuya trascendencia dependerá de la coincidencia social en torno de su aplicación. Se trata del régimen de transparencia fiscal que obliga a la discriminación de impuestos en las facturas.
Opinión03/01/2025
Para una sociedad que aún no presta atención suficiente a la información contenida en tickets y facturas, quizás no le parezca importante que a partir del primer día de 2025, en una primera etapa, las grandes empresas estén obligadas a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales. La medida, instrumentada a través de la Resolución General 5614 de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), se extenderá paulatinamente al resto del universo de los responsables inscriptos, de forma opcional hasta el 31 de marzo y obligatoriamente a partir del 1° de abril.
Esa línea de información no impacta internamente en las empresas pero sí lo hace -o debiera hacerlo- en el universo de contribuyentes. Las empresas denuncian que la muy elevada presión tributaria que registra la economía nacional es una rémora para su crecimiento, para la generación de empleo y el progreso económico y social. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios se reconoció que los argentinos vienen padeciendo “la voracidad fiscal de numerosos gobiernos que han contado con un aliado clave: la opacidad de la carga”, porque muchos impuestos no son claramente percibidos por la ciudadanía.
Ello ha llevado a que la ONG Lógica haya impulsado la medida de mostrar esa carga impositiva en las facturas que llegan a las manos de usuarios y consumidores. Lo hizo a través de una campaña digital para terminar con “la inaceptable prohibición de 50 años de mostrar los impuestos que inciden en los precios”, como oportunamente señalara Matías Olivero Vila, su presidente.
De lo que se trata es de la falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana. “Ello resultó en un descontrol del gasto público, que se cubrió con los impuestos y la inflación más altos del mundo”, se cuestionó desde Lógica. En consecuencia, lo que se pretende es empoderar al ciudadano con la información que pone en evidencia cuando los políticos sancionan tributos excesivos porque irán al ticket.
El régimen vigente desde el primer día de 2025, plantea otra exigencia para alcanzar sus propósitos. Es que las provincias adhieran para que se visibilicen también ingresos brutos y tasas municipales”. Según la ley 27.743, ellas tienen la facultad de hacerlo pero en realidad es una obligación dado que el artículo 42 de la Constitución Nacional exige que al consumidor se le dé información adecuada y veraz y esta información de los impuestos que soportan es esencial. A propósito de esta consideración hay que señalar que sólo cinco provincias están adheridas a este régimen y en ese listado no figura Salta.
Es importante insistir en que los beneficios del régimen dependerá del grado de concientización fiscal ciudadana. El objetivo final debe trascender esta medida y lograr que de ahora en más lo fiscal no sea una cuestión exclusivamente política sino que se convierta en una cuestión ciudadana.
Salta, 03 de enero de 2025
A 209 años de un acto que definió la existencia de la Nación Argentina, se toma el peso de un proceso que no ha concluido. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de la corona española y se renunció a cualquier forma de dominación extranjera. Fue el primer paso.
La política salteña está convocada a una importante tarea en defensa de los intereses de la provincia. Frente a un modelo de administración que refuerza el centralismo a costa de un interior heterogéneo, cada sector debe sentar posición sobre avances reales y al margen de definiciones discursivas.
Lo que está en juego cuando el poder no tiene memoria.
La que empezó hoy puede ser una semana difícil para el presidente Javier Milei. Urgido a avanzar en la toma de decisiones desregulatorias, por el fin de la delegación de facultades, también deberá enfrentar las consecuencias de su limitada capacidad de negociación política.
Siguiendo con el tema del federalismo del que hablé la semana pasada, hoy quiero hablar ya no de federalismo fiscal, sino de federalismo económico, y aprovecho este espacio para compartir con ustedes un valiosísimo trabajo, cuyas reflexiones hago propias, realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con quienes tuve la oportunidad de trabajar mucho y agradezco su compromiso con los argentinos y los salteños en particular.
Cuatro países, con particularidades políticas que los organizaron en dos bloques propicios para la confrontación, lograron ratificar los compromisos básicos del Mercado Común del Sur. Así quedó plasmado en el documento final de la Sexagésima Sexta Cumbre del Mercosur y Estados Asociados, que cerró este jueves en Buenos Aires.
Hoy, 9 de julio, el servicio de transporte urbano e interurbano de Salta modificará sus horarios debido al feriado nacional por los 209 años de la Declaración de la Independencia Argentina.
El proyecto, enviado por el Ejecutivo salteño, se trató sobre tablas. Prevé una serie de medidas para dinamizar la economía, como la reducción de costos administrativos y exenciones impositivas para comercio, hotelería y gastronomía, entre otros.
Diputados dieron sanción definitiva al proyecto impulsado por la propia Corte que establece que, antes de interponer recurso de queja, la persona deberá hacer un depósito equivalente a 12 JUS.
La exmandataria convocó a celebrar la fecha patria de este miércoles 9 de julio en la tradicional plaza de San Telmo, donde el espacio "Argentina con Cristina" también instó a manifestarse con la bandera celeste y blanca.
La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000.