Se intervino la administración del Mercado San Miguel. Cierra una etapa de acusaciones cruzadas, reclamos e incertidumbre para el sector afectado por el incendio del 6 de noviembre pasado.
Opinión16/12/2024
Mientras las paredes del histórico edificio de la zona céntrica capitalina aún permanecían calientes ya se habían comenzado a escuchar algunas quejas contra quien ejercía la administración. Se expusieron al Gobernador de la Provincia, quien concurrió presuroso al lugar para asegurar a los perjudicados que contarían con el apoyo del Ejecutivo en lo que fuera menester. Pero no era un momento oportuno para atender esas quejas.
En el decreto de intervención emitido por el gobierno municipal se señala como objetivo de la intervención la necesidad de restablecer el normal funcionamiento del predio de manera segura para comerciantes y asistentes. La reacción inmediata del administrador, quien era el centro de denuncias, críticas y cuestionamientos, fue desconocer la validez de la medida atendiendo a que la administración del mercado está en manos de una fundación que él preside y lo que se interviene es el Ente Descentralizado del Mercado San Miguel, creado en 2016 por la ordenanza N° 15.151.
No es la única norma vinculada al establecimiento de abasto. Por lo menos cinco ordenanzas están vigentes en relación al Mercado San Miguel, fue lo que se señaló en el debate generado en el Concejo Deliberante luego de la tragedia que destruyó una tercera parte de sus instalaciones, en el sector con entrada sobre calle Urquiza. La que reglamenta el funcionamiento del Ente Descentralizado indica que el Ejecutivo Municipal debe designar a dos de los miembros de la administración del San Miguel.El dato no es menor atento a que en el tiempo transcurrido desde el incendio hubo denuncias sobre el estado del edificio que marcaban que no estaría cumpliendo en su funcionamiento con disposiciones para la seguridad, la salubridad y la higiene. Citando fuentes vinculadas a organismos que intervienen en su control, se señaló que tendría autorizaciones vencidas, que no se habrían completado procedimientos e, incluso, que carecería de seguros obligatorios.
Alrededor de 200 puesteros transitan con mucha preocupación este período, en el que se les habilitó a trabajar en la vereda del sector siniestrado. La incertidumbre por la demora en retomar la normalidad reveló que hay un funcionamiento que depende especialmente de la voluntad, el criterio y hasta de la discrecionalidad de José Muratore, quien era el administrador hasta la sanción del decreto de intervención. El estilo de manejo de un establecimiento público como es el céntrico mercado de abasto llevó a un alineamiento entre los puesteros que se ubican entre los que expresan adhesión a la figura del administrador y los que toman distancia, demandando mayor participación en decisiones que los afecta.
En cualquier caso, a todas luces se advierte que es imperioso contar con información precisa respecto del alcance del propósito de la intervención, que ha quedado en manos de Emilio Gutiérrez, quien ocupaba la dirección de Centros Vecinales. Los voceros del intendente Emiliano Durand dieron garantías de la continuidad de los puesteros pero también de la seguridad con la que deben trabajar.
Falta conocer qué llevó a que por un lapso de seis meses, el Ejecutivo Municipal tome las riendas del mercado. Todo indica que el objetivo fue configurado por una situación más compleja que la que se declara.
Salta, 16 de setiembre de 2024
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