La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, representa al Ministerio Público Fiscal en la causa contra el Juez de Paz de Cafayate y otras cuatro personas. El Juez está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que otro dos hombres, uno de ellos abogado, enfrentan cargos por los delitos de falsificación de documentos y estafa. Ademas un cuarto hombre y una mujer, están imputados por el delito de falso testimonio.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y de Garantías de Cafayate hizo lugar al pedido de elevación a juicio solicitado oportunamente por la Fiscalía y rechazó el planteo de oposición por parte de la defensa técnica de los acusados.
Uno de los imputados, al asumir su propia defensa y la de los otros cuatro, incluído el Juez de Paz, planteó la oposición a la requisitoria fiscal. Además solicitó la producción de prueba, el cambio de calificación y el sobreseimiento.
En los considerandos de la resolución, el Juzgado señala que todos los agravios señalado por la defensa técnica, deben ser resueltos en un juicio oral y público. Es en es ámbito donde se debe producir la prueba y someterla a valoración con los fines propios del proceso penal.
En relación al contenido de la acusación, el Juzgado indica que esta cumple con todos los requisitos necesarios para su procedencia. Respecto al cambio de calificación, afirma que corresponde no hacer lugar a la solicitud, destacando la necesidad de que el debate se lleve a cabo ante el Tribunal correspondiente para dirimir la verdad de los hechos. Por todo lo expuesto, considera que corresponde elevar la causa al Tribunal de Juicio.
Cabe recordar que la intervención de la Fiscalía Penal de Cafayate se produce tras la denuncia del damnificado contra el Juez de Paz y otras cuatro personas por asociación ilícita y falsificación de documento.
El hermano del denunciante había fallecido, y su firma aparecía falsificada en un testamento gestionado por el Juez de Paz y el abogado imputado, en el que se designaba como único beneficiario a otro de los acusados, con el fin de iniciar un juicio sucesorio.
Los otros dos imputados, el yerno del falso beneficiario y una mujer, actuaron como testigos al momento de certificar la firma falsificada del testamento. La pericia caligráfica concluyó que la firma manuscrita atribuida al testador, de fecha 4 de julio de 2019, no era auténtica.
Además, el beneficiario y su hijo estaban instalado en la casa del hermano del denunciante, ubicada en barrio El Porvenir de la ciudad de Cafayate. Incluso, cuando el hermano del denunciante estaba con vida, no permitían que ningún familiar se acercara a él.
