El dictamen de la Ley Bases: qué cedió el Gobierno para lograr las firmas

A través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno consiguió a última hora las firmas que necesitaba para el dictamen de la Ley Bases. Sorprendió la posición cambiante de senadores que se resistían a dar su apoyo. ¿Qué se negoció para conseguir esos respaldos?

La clave fue sentarse a conversar con radicales y las provincias patagónicas, que hasta ayer sostuvieron en bloque sendos pedidos de cambio a los que el oficialismo cedió en parte.

Lo que se vota no se toca: el principal compromiso que dejó trascender el oficialismo fue que no insistiría en Diputados con volver a negociar los cambios que eventualmente aprobaría el Senado. Esto fue clave, pues traccionó el apoyo de los que se resistían a firmar.

Ganancias: La posición de Tierra del Fuego frente a la propuesta del Gobierno de reinstalar ese impuesto a los asalariados que habían dejado de pagarlo el año pasado fue clave. Lo que consiguió esa provincia es ser eximida de lo que el resto de las provincias del sur sí pagarán: 22 por ciento del mínimo no imponible. El apoyo de los fueguinos le garantizó al oficialismo la luz verde al paquete fiscal.

Aumento de regalías: Esto fue producto de una negociación del senador por Alianza Santa Cruz, José Carambia, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. El santacruceño reclamó subir del 3 al 15 por ciento las regalías que el Estado provincial recibe de parte de las empresas mineras que explotan en ese suelo. Para ello, el oficialismo se comprometió a modificar la Ley de Minería. Por lo pronto, el cambio pactado se incluirá en el paquete fiscal.

Cambios en el RIGI: Se determinó que cada provincia tendrá la autonomía y potestad de adoptar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La cuestionada herramienta mantendrá los beneficios fiscales las megaempresas extranjeras, pero las nacionales que sean proveedores de esas inversiones también accederán a beneficios.

Menos blanqueo para parientes: Los hermanos de funcionarios ya no podrán acceder al blanqueo de capitales. Tampoco exfuncionarios que hayan ocupado un cargo en los últimos diez años; antes eran cinco. Además, quien blanquee capitales antes no declarados entrará en un régimen especial de Bienes Personales.

Con algunos organismos, no. El radicalismo logró que se amplíe el listado de organismos públicos y empresas del Estado que entraban en la lista de privatizaciones y cierres elaborada por el gobierno de Javier Milei. No obstante, los desguaces siguen teniendo luz verde mientras continúe vigente el DNU 70/2023.

Página12