Lo afirmó en “Pasaron Cosas” la abogada y representante de Innocence Project Argentina. Acusó a la justicia y a la política salteña de entorpecer la investigación por el brutal crimen ocurrido en 2011.
Judiciales06/03/2024
Ivana Chañi
Santos Clemente Vera, condenado a cadena perpetua en segunda instancia por el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en 2011 en La Quebrada de San Lorenzo, recuperó la libertad en diciembre último tras que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo condenatorio de los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar de la Sala III del Tribunal de Impugnación.
En “Pasaron Cosas” con la conducción de Fedra Aimetta, la senadora nacional (MC), abogada y representante de Innocence Project Argentina, Sonia Margarita Escudero, analizó la situación procesal de Santos Clemente Vera, repasando por las “irregularidades” en la investigación y el pedido de Jean-Michel Bouvier para reabrir la causa judicial.
“A raíz del caso de las jóvenes francesas que fueron asesinadas en Salta en el año 2011, por las irregularidades de la investigación, seguí el caso con la injusta condena en segunda instancia de Santos Clemente Vera, un jardinero de San Lorenzo contra el cual no había pruebas para condenar. Hice una investigación académica y así surgió mi acercamiento con Innocence Project Argentina que es una organización internacional que se dedica a defender a personas injustamente condenadas o condenadas como resultado de procesos irregulares”, así comenzó su exposición recordando su acercamiento al caso de las turistas francesas.
Para Escudero, “Santos Clemente Vera fue un chivo expiatorio de la política”. Sobre esta afirmación explicó que en ese entonces “la política” presionaba para una resolución rápida del caso dada la nacionalidad de las jóvenes, el por entonces presidente Nicolas Sarkozy pedía explicaciones a la expresidenta Cristina Kirchner, y a su vez, ésta lo hacía con el exgobernador Juan Manuel Urtubey.
En la última semana, Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, estuvo en Salta y mantuvo reuniones con funcionarios de alto rango, sobre la visita, Escudero indicó que dos fueron los motivos del viaje.
“El primero era abrazar a Santos Clemente Vera en libertad, y segundo, pedir la reapertura de la investigación. Fue escuchado por las máximas autoridades y eso es muy bueno”, manifestó la abogada.
El expediente actualmente lo tiene la Corte de Justicia de Salta, en referencia a eso, Escudero dijo que Bouvier quiere que sea la misma justicia salteña la que tenga la iniciativa de reabrir la causa "porque fueron los funcionarios tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo los que entorpecieron la investigación”, sostuvo Sonia Margarita Escudero en “Pasaron Cosas”.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
Con una inversión provincial superior a los $43.500 millones, el llamado a licitación se publicará el 28 de noviembre. Este gran proyecto “integrará 42 disciplinas y nos convertirá en referentes deportivos del NOA y NEA”, aseguró el mandatario.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
