La responsable de la Fiscalía Federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, le solicitó al juez de esa jurisdicción, Daniel Herrera Piedrabuena, que investigue a 1.060 personas que se desempeñaban en el gobierno provincial y que habrían cobrado indebidamente los planes sociales del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.
Así, solicitó que fueran indagados en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública.
Sin perjuicio de ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se profundice la investigación para individualizar a las y los funcionarias/os provinciales y nacionales que hubieren intervenido en la concesión de dichos beneficios, por la eventual violación de sus deberes de funcionario público.
Ello, por cuanto habrían infringido “la normativa que impide el otorgamiento del mismo a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos, en tanto debieron haber llevado el control y seguimiento correspondiente” para evitar no solo “un perjuicio económico para el Estado Nacional, sino también que el dinero destinado a tal fin sea acreditado efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir”.
El requerimiento de Miguel Carmona se da en el marco de un desprendimiento de la investigación preliminar desarrollada, desde el 8 de noviembre pasado, por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan.
En dicha pesquisa se “detectaron presuntas maniobras ilícitas por parte de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, quienes resultaron ser a la vez empleados del Gobierno de la Provincia de La Rioja, incumpliendo la normativa del referido Programa, ya que el mismo establece -entre otros requisitos- que los pretensos beneficiarios no pueden cumplir funciones en relación de dependencia, y si esa circunstancia aconteciera con posterioridad a su inclusión en el Programa, el mismo debería inmediatamente darse de baja”.
Así, de acuerdo a la investigación desplegada por la UFISES, se identificaron una serie de pagos que salían de las arcas del Estado para solventar el plan social a personas que no cumplían con los requisitos para percibirlo, lo que habría causado un perjuicio estimado en $82.680.000 al patrimonio nacional.
Ahora, en su presentación, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez federal riojano que habilite la feria judicial, y cite a las 1.060 personas imputadas a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública. Asimismo, requirió una serie de medidas de prueba y solicitó al juez que pida al Ministerio de Capital Humano que, de manera urgente, suspenda los planes sociales involucrados.
