El exdiputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, debe enfrentar un nuevo capítulo de la investigación judicial en su contra , que comenzó en Salta y ahora enfrenta los tribunales federales de CABA.
La investigación se basa en la viralización de forma anónima de videos mediante cuentas de redes sociales de TikTok que habrían sido financiados con fondos del Congreso.
De esto último se valió el fiscal federal Guillermo Marijuán para pedir su indagatoria al juez federal Sebastián Casanello. En su escrito explicó que la acusación es por “haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio, respecto de dos de sus asesores mientras se desempeñaba como diputado nacional dentro del Congreso de la Nación”.
Sin embargo, la causa se inició a partir del anoticiamiento (notitia criminis) del Ministerio Público Fiscal de Salta sobre publicaciones de videos en los que se vincula al Gobierno de la Provincia y diferentes funcionarios con actividades relacionadas al narcotráfico. Los videos aparecían en distintas cuentas anónimas de la red social bajo el nombre “La Casta de Sáenz”, “Cuentos de la Casta”, “La Casta Salteña”.
En una conferencia de prensa realizada en enero de 2025, la fiscal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, señaló que los contenidos difundidos causaban resquemor público, algo que podría derivar en una situación de descontrol social.
Según consta en la causa que se tramitó en Salta, quienes ejecutaron las tareas fueron los empleados del Congreso Nacional Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand. Ambos admitieron su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado y acordaron una pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública, y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Antes de la confesión de los empleados legislativos, en febrero de 2025, el juez de Garantías N° 7 de Salta, Pablo Zerdán, se declaró incompetente para juzgar al diputado nacional y Estrada quedó bajo investigación de la fiscalía federal de Salta. Es entonces cuando se modificó la imputación, que pasó de ser “intimidación pública” a “peculado de servicios”. Más reciente en el tiempo, la causa se trasladó del juzgado federal de Salta a Comodoro Py-Comododo Py no es Salta, en Salta estuvo a cargo del fiscal Carlos Amad_ porque se entendió que el presunto delito se ejecutó en el Congreso de la Nación, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.
