Luego de derogar el convenio con CECAITRA por la intervención del Concejo Deliberante y el tribunal de Cuentas en 2022, el Ejecutivo Municipal llamó a licitación en febrero y sin una resolución clara, recientemente abrió un nuevo llamado a licitación.
Política 24/07/2023 Violeta Gil
La Concejal capitalina Paula Benavides, en diálogo con Aries, denunció que la Municipalidad de Salta habría convocado a un nuevo proceso de licitación por el servicio de fotomultas, cuando el anterior, en febrero pasado, estaba en condiciones de prosperar. Advirtió que la Municipalidad podría sufrir una nueva demanda judicial por parte de las empresas que se vinculan para prestar el servicio.
La concejal explicó que desde un primer momento el Concejo Deliberante se opuso al “convenio de colaboración” que había firmado el Poder Ejecutivo municipal con la empresa CECAITRA. “En ese momento solicitamos que se deje sin efecto”, explicó Benavides. Lo que finalmente ocurrió luego de que el Tribunal de Cuentas se pronunciara en igual sentido que los concejales.
Durante el receso legislativo de febrero la Municipalidad abrió un proceso licitatorio por fotomultas. En este sentido los concejales presentaron una Medida Cautelar, ya que no podían actuar como cuerpo legislativo.
“La medida cautelar fue declarada en abstracto por chicanas procesales presentadas por la Municipalidad, nunca remitió la documentación que requería el Juzgado para poder resolver si era procedente o no la medida cautelar”, cuestionó la edil.
Los concejales mantuvieron una reunión con funcionarios del Ejecutivo Municipal en la que consultaron sobre los términos con los que se había establecido la licitación y cuál era la empresa adjudicataria. “Nos respondieron que no sabían cuál era la empresa pero que ya había finalizado el proceso”, y agregó, “otra de las mentiras fue que, nos dijeron que la totalidad de las cámaras instaladas en la vía pública, eran de la municipalidad, sabemos que no es así”.
Por último la Concejal advirtió que en un accionar desprolijo la Municipalidad habría abierto un nuevo proceso de licitación lo que podría generar un reclamo de tipo judicial por aquella empresa que hubiera participado en la licitación de febrero.
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