Pese a la puesta en marcha de la Mesa de Trabajo Permanente entre legisladores, funcionarios y delegados de autoconvocados, un sector afirma que han sido traicionados y reclaman el diálogo con un nuevo sector y su letrado.
Educación 29/06/2023
Ivana Chañi
En declaraciones con Aries la docente autoconvocada, Claudia Valor, refirió al conflicto docente y el Gobierno Provincial, cuestionó las reuniones encabezadas por el vicegobernador, Antonio Marocco, en la Legislatura.
“Nosotros cuando estuvimos en la asamblea en Campo Quijano decidimos continuar con las medidas de fuerza y dejar obsoleta esa asamblea porque no compartimos lo que dijeron algunos delegados, como el de General Güemes, Capital y Orán”, contó, y citándolos recordó que en esa ocasión instaron a la docencia autoconvocada a cesar con el paro porque existía el compromiso del Gobierno a dar una solución a los reclamos.
Valor sostuvo que nada de eso pasó sino todo lo contrario ya que se puso en peligro la estabilidad laboral de los educadores por las medidas de fuerza.
“La resolución 159 decía que teníamos que aceptar que nos habíamos tomado un mes y medio de vacaciones y por lo tanto las inasistencias iban a figurar injustificadas, y según el artículo 96 del régimen de licencias dice que con 11 injustificadas corresponde un sumario administrativo, y en consecuencia una cesantía”, detalló.
Al mismo tiempo, precisó que tanto el derecho a la huelga como al de un salario justo están garantizados por la Constitución Nacional, “por eso decidimos apartar a esos delegados y se ha solicitado a algunos departamentos que se busquen unos nuevos”, esgrimió al asegurar que se sentían abandonados por los delegados “traicioneros”, calificados así por la docente porque “negociaron nada y ratificaron la resolución 163” -sobre la recuperación de contenidos por los días de paro-.
“Todos los docentes salimos por una cuestión salarial y no nos dan respuesta”, subrayó, y finalmente concluyó que para desistir de las medidas de fuerza sólo van a admitir como interlocutores válidos a 9 o 12 delegados y el abogado patrocinante, Sergio Heredia de Tartagal.
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, dijo que la “fiscalización” del gasto está en la ley de Educación Superior. La publicación fue replicada por el presidente, Javier Milei.
Según el gremio docente, de un relevamiento por las escuelas salteñas, la adhesión se estimó entre el 30% y 45%.
El secretario General de la Asociación Docente Provincial aseguró que el recorte significa una quita de hasta $16 milpesos a los docentes salteños. Además apoyó la posible judicialización que analiza la Provincia contra Nación.
“El Gobierno de la provincia se preocupó por los niños”, destacó un padre al llegar a la escuela Indalecio Gómez junto a su hijo.
El traspaso dentro del Ministerio de Capital Humano se da en medio de las denuncias de organizaciones sociales por el recorte en el envío de fondos a los comedores.
Así surge de un relevamiento de Aries por establecimientos educativos de la capital salteña. Por ejemplo en la Escuela Sarmiento solo una docente adhirió y las clases se dictan con normalidad.
En Aries una abogada especializada en material previsional brindó recomendaciones a empleados públicos de cómo actuar ante presiones para jubilarse o acogerse a una moratoria.
El jurado de enjuiciamiento de magistrados, por unanimidad, rechazó la denuncia contra los jueces del Tribunal de Impugnación, Rubén Arias Nallar y Luciano Ignacio Martini.
Junto al Colegio de Arquitectos y el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines se busca fomentar prácticas constructivas sostenibles.
La cartera liderada por Sandra Pettovello hizo una presentación en la Justicia donde se solicitó que se investigue un posible hurto de los dispositivos que pertenecían al ex Ministerio de Cultura.
La obra se colocó en el Salón de los Próceres en el edificio, sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina.
