En la columna de hoy analizaremos algunos temas del discurso dado el miércoles pasado por el gobernador Gustavo Sáenz como balance de su gestión y como intención de ir por un segundo mandato.
Opinión03/03/2023 por Prof. Ángel Tolaba
De entro los varios temas que se mencionaron sólo elegiré 3. Los cuales se decantarán en 3 preguntas legítimas para compartir con la audiencia y para que den qué pensar.
Vamos a la construcción de la primera pregunta, que se armará en base a declaraciones del propio oficialismo.
El gobernador Sáenz hizo una alusión crítica a la gestión del ex gobernador Urtubey por contraer créditos multimillonarios con tasas altísimas en perjuicio de la provincia.
La referencia es tanto al crédito del Fondo de Reparación Histórica como al Fondo del Bicentenario, tomados en dólares durante la gestión Urtubey. A este respecto, en la legislatura provincial se caracterizó a los fondos de ambos créditos como “fondos fugados”, en su momento la diputada saencista Socorro Villamayor enrostró a algunos opositores no haber hecho nada contra ese manejo de fondos.
Llama la atención, sin embargo, que siendo mayoría el saencismo en la legislatura no se haya impulsado la iniciativa de la denuncia judicial ni del juicio político. ¿Por qué razón no se hizo nada al respecto, incluso desde el poder judicial, actuando de oficio ante semejantes denuncias? Esta es la primera gran pregunta que sigue resonando en parte de la opinión pública.
Vamos ahora a construir la segunda pregunta:
En su discurso del miércoles el gobernador Sánez, respecto de las muertes de niños Wichi en la provincia, dijo que “cuando asumió la gobernación morían niños, y que desde hace 3 años trabaja codo a codo para que esta realidad triste se termine”.
Sin embargo, la defensora oficial, Natalia Buira, nos recuerda que desde 2020 el gobierno de Sáenz ha apelado judicialmente las sentencias internacionales, federales y locales para evitar cumplir con las medidas ordenas a favor de los originarios y sus infancias. Cuando, por el contrario, el gobierno podía no apelar para que la reparación se produzca en ese tiempo trascurrido.
Estos elementos objetivos sirven para que realicemos la segunda pregunta: si bien es legal apelar, aunque no obligatorio, como bien lo señala la Dra Buira, hay que preguntarse si ético, luego de interponer apelaciones para no cumplir con las reparaciones a los originarios, afirmar que “desde hace tres años se trabaja desde el gobierno para que la triste realidad de las infancias wuichí se termine”.
Pasemos ahora a construir la tercera pregunta, referida ésta al concepto de “crecimiento” que se maneja en el oficialismo. Al término del discurso del gobernador, el ministro de economía Roberto Dib Ashur, ante algunos medios, planteó su fórmula sobre cómo entiende la relación entre “crecimiento” y “pobreza”. Hay que señalar, sin embargo, como lo hace la ONU y puede googlearse fácilmente, que “crecimiento” no es sinónimo de “desarrollo”, pues la teoría del desarrollo humano hace rato demostró que puede haber crecimiento sin que haya desarrollo, pues el crecimiento puede sólo servir a una minoría, sin contemplar los derechos de las mayoritarias para sacarlas de la pobreza estructural.
La pregunta legítima que se desprende sobre esta definición del ministro Dib Ashur es la siguiente: Ante una situación de recursos en la provincia, sobre todo a base de exportaciones de la minería y el agro, ¿el gobierno plantea llevar adelante un modelo de crecimiento con desarrollo humano? En caso de ser esta la proposición, ¿quién controlará que así sea? Sobre todo con un gobernador que afirma sumar a la oposición. Algo que varios voceros también repiten y hasta celebran.
Ya en una columna anterior habíamos planteado que el cóctel de una provincia con la posibilidad de recursos a aprovechar, pero con un oficialismo con una oposición débil, difícilmente fuera una buena combinación. Al parecer hay que sacar un anuncio con la leyenda: Se busca oposición.
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
Sin mayor impacto en la atención ciudadana se llevó adelante este miércoles la Reunión Informativa Pública, durante la que comunidades del interior se interiorizaron sobre obras con financiamiento internacional. La sede fue San Antonio de los Cobres y los participantes tomaron nota de un extenso listado de proyectos que con créditos del Banco Mundial y Fonplata se ejecutarán en distintos puntos del territorio provincial.
La Secretaría de Industria y Comercio activó un protocolo de defensa comercial ante la sospecha de que empresas chinas están inundando el mercado argentino con lavarropas a precios inferiores a sus costos de producción.
El Centro Argentino de Meteorólogos lanzó un duro comunicado advirtiendo que la designación de Antonio Mauad al frente del SMN pone en riesgo la calidad de las alertas tempranas y la operatividad estratégica del país.
Martín Ignacio Plaza es el postulante a la Corte de Justicia de Salta. Abogado con más de 30 años de trayectoria, combina carrera académica y gestión pública.
Jorge Martín Diez Villa es postulante a juez de la Corte salteña. Abogado y escribano, con amplia trayectoria en la Justicia, el Ministerio Público y el control institucional.
La iniciativa incluye exploración, evaluación del yacimiento y la construcción de una planta de tratamiento en Gualcamayo