De entro los varios temas que se mencionaron sólo elegiré 3. Los cuales se decantarán en 3 preguntas legítimas para compartir con la audiencia y para que den qué pensar.
Vamos a la construcción de la primera pregunta, que se armará en base a declaraciones del propio oficialismo.
El gobernador Sáenz hizo una alusión crítica a la gestión del ex gobernador Urtubey por contraer créditos multimillonarios con tasas altísimas en perjuicio de la provincia.
La referencia es tanto al crédito del Fondo de Reparación Histórica como al Fondo del Bicentenario, tomados en dólares durante la gestión Urtubey. A este respecto, en la legislatura provincial se caracterizó a los fondos de ambos créditos como “fondos fugados”, en su momento la diputada saencista Socorro Villamayor enrostró a algunos opositores no haber hecho nada contra ese manejo de fondos.
Llama la atención, sin embargo, que siendo mayoría el saencismo en la legislatura no se haya impulsado la iniciativa de la denuncia judicial ni del juicio político. ¿Por qué razón no se hizo nada al respecto, incluso desde el poder judicial, actuando de oficio ante semejantes denuncias? Esta es la primera gran pregunta que sigue resonando en parte de la opinión pública.
Vamos ahora a construir la segunda pregunta:
En su discurso del miércoles el gobernador Sánez, respecto de las muertes de niños Wichi en la provincia, dijo que “cuando asumió la gobernación morían niños, y que desde hace 3 años trabaja codo a codo para que esta realidad triste se termine”.
Sin embargo, la defensora oficial, Natalia Buira, nos recuerda que desde 2020 el gobierno de Sáenz ha apelado judicialmente las sentencias internacionales, federales y locales para evitar cumplir con las medidas ordenas a favor de los originarios y sus infancias. Cuando, por el contrario, el gobierno podía no apelar para que la reparación se produzca en ese tiempo trascurrido.
Estos elementos objetivos sirven para que realicemos la segunda pregunta: si bien es legal apelar, aunque no obligatorio, como bien lo señala la Dra Buira, hay que preguntarse si ético, luego de interponer apelaciones para no cumplir con las reparaciones a los originarios, afirmar que “desde hace tres años se trabaja desde el gobierno para que la triste realidad de las infancias wuichí se termine”.
Pasemos ahora a construir la tercera pregunta, referida ésta al concepto de “crecimiento” que se maneja en el oficialismo. Al término del discurso del gobernador, el ministro de economía Roberto Dib Ashur, ante algunos medios, planteó su fórmula sobre cómo entiende la relación entre “crecimiento” y “pobreza”. Hay que señalar, sin embargo, como lo hace la ONU y puede googlearse fácilmente, que “crecimiento” no es sinónimo de “desarrollo”, pues la teoría del desarrollo humano hace rato demostró que puede haber crecimiento sin que haya desarrollo, pues el crecimiento puede sólo servir a una minoría, sin contemplar los derechos de las mayoritarias para sacarlas de la pobreza estructural.
La pregunta legítima que se desprende sobre esta definición del ministro Dib Ashur es la siguiente: Ante una situación de recursos en la provincia, sobre todo a base de exportaciones de la minería y el agro, ¿el gobierno plantea llevar adelante un modelo de crecimiento con desarrollo humano? En caso de ser esta la proposición, ¿quién controlará que así sea? Sobre todo con un gobernador que afirma sumar a la oposición. Algo que varios voceros también repiten y hasta celebran.
Ya en una columna anterior habíamos planteado que el cóctel de una provincia con la posibilidad de recursos a aprovechar, pero con un oficialismo con una oposición débil, difícilmente fuera una buena combinación. Al parecer hay que sacar un anuncio con la leyenda: Se busca oposición.
