En el marco de la investigación que se lleva adelante por la visita irregular a un procesado provincial en la Unidad Carcelaria 3 de la ciudad de Orán, la Unidad Fiscal Penal imputará al Director General de Políticas Penales de la provincia de Salta por supuesto abuso de autoridad y revelación de secretos calificado.
Judiciales29/09/2022
La Unidad Fiscal conformada por la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres y el fiscal penal 2 de la ciudad de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, informó que abrió decreto de imputación al titular de la Dirección General de Políticas Penales de la provincia de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificado en perjuicio de la administración pública.
El hecho investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Darío Esteban Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, solicitando entrevistarse con el interno procesado provincial Oscar Alberto Alejandro Díaz, lo cual se concretó con la autorización del Director General de Políticas Penales pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional.
También se le imputará una posible violación a la disposición de la reserva total de actuaciones dispuesta por el Fiscal que investiga el homicidio de Darío Esteban Monges con dichos realizados en Aries, comprometiendo la marcha de la investigación.
Cabe señalar que tras el anoticiamiento del hecho oportunamente, el pasado 10 de junio de 2022, se habia dado intervención a la fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres, la que por territorio resultaba competente, quien inició las investigaciones correspondientes disponiendo diversas medidas, hasta la conformación posterior de la Unidad Fiscal que se agrega a la investigación integral.
La audiencia de imputación se concretará en los próximos días.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
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