Desde mi punto de vista, se trata de definiciones concretas, positivas y esperadas. Desde luego, puedo equivocarme, pero estoy convencido de que las definiciones siempre traen certidumbre y permiten construir escenarios con mayor estabilidad.
En esa línea, primero celebrar la convocatoria que se hizo desde el Gobierno Nacional a una mujer del postergado Norte Grande para que se ponga al frente de una de las áreas más sensibles para la economía y los bolsillos de los argentinos.
Estoy hablando de quien, hasta antes de ser convocada por el flamante ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, estuvo a cargo de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia: la ingeniera Flavia Royón.
Estoy seguro de que la elección no es azarosa.
Si hay un reclamo que hemos sostenido de manera determinante y homogénea desde el Parlamento del NOA y el Consejo Regional del Norte Grande, es la necesidad de equilibrar los costos de la energía en una región del país que históricamente fue perjudicada en la distribución de los recursos y subsidios.
Royón tendrá que pelear frente a grupos de poder fácticos cuyos intereses muchas veces van a contramano de los intereses populares de la mayoría nacional.
La funcionaria salteña tendrá además la misión de terminar con esa lacerante injusticia que venimos denunciando hace rato: es intolerable que un departamento de la Recoleta pague por la electricidad que consume menos de la mitad de lo que pagan los norteños en cualquier barrio de trabajadores.
Y la misma equidad reclamamos para el transporte público: en Salta el boleto común de SAETA costará $51 desde este lunes, mientras que en el AMBA pagarán $25 en los colectivos y $30 en los subtes.
La energía no solo se trata de una cuestión que afecta el bolsillo de los usuarios residenciales, sino de un área estratégica para el desarrollo productivo e industrial. Sin energía no hay cómo sostener el progreso al que apuntamos para generar nuevos y mejores puestos de trabajo para los salteños.
En esa línea, es valioso mencionar que las primeras reacciones positivas por parte del sector privado local no tardaron en llegar. Particularmente en el norte provincial, donde la compañía Seaboard —conocida por los salteños como el ex ingenio El Tabacal— anunció que invertirá más de 15 millones de dólares para el desarrollo de una destilería industrial que redundará en producción de energía renovable, ingreso de divisas y creación de nuevos puestos de trabajo.
Sin dudas se trata de una buena noticia por la que venimos trabajando mucho desde hace tiempo, desde el 2020, cuando impulsamos un nuevo marco normativo para estimular la industria de los biocombustibles como herramienta de desarrollo para las economías regionales. Fue un trabajo en línea junto a muchas provincias con el objetivo de ampliar la matriz energética de nuestro país, lograr el autoabastecimiento y avanzar hacia una transición ecológica.
Por último, en materia política y a nivel local, ocurrieron dos hechos muy trascendentes.
En primer lugar, lo que sucedió ayer en el Senado provincial que tengo el honor de presidir, cuando el cuerpo legislativo prestó acuerdo a la designación del doctor Gabriel Chibán como nuevo juez de la Corte de Justicia de Salta.
Es un acto histórico: por primera vez, un juez de Corte es designado bajo los parámetros establecidos por la reformada Constitución provincial. Como establece el texto, y con miras a garantizar la alternancia, el doctor Chibán ejercerá su mandato por un período de diez años sin posibilidad de ser designado nuevamente.
Por otra parte, se puso en el centro de la escena mediática la posible fecha de las elecciones del 2023. Se habla, también, de la conveniencia de realizar o no las PASO.
La decisión que tome el Gobierno provincial será debatida por la Legislatura y sancionada fruto del consenso mayoritario del arco político provincial.
Lo cierto es que todavía falta mucho tiempo, pues la campaña no debería comenzar antes de marzo. Así que, como pidió el gobernador Sáenz a oficialistas y opositores, no se apuren que las prioridades no son electorales sino de gestión. Los salteños esperan más respuestas concretas que campaña proselitista.
