Esta semana fue importante para Salta por muchas definiciones que, aunque parezcan reservadas para el ámbito de la política, en realidad generarán un impacto directo en la economía doméstica y en el día a día de la sociedad en general.
Opinión11/08/2022 Antonio Marocco
Desde mi punto de vista, se trata de definiciones concretas, positivas y esperadas. Desde luego, puedo equivocarme, pero estoy convencido de que las definiciones siempre traen certidumbre y permiten construir escenarios con mayor estabilidad.
En esa línea, primero celebrar la convocatoria que se hizo desde el Gobierno Nacional a una mujer del postergado Norte Grande para que se ponga al frente de una de las áreas más sensibles para la economía y los bolsillos de los argentinos.
Estoy hablando de quien, hasta antes de ser convocada por el flamante ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, estuvo a cargo de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia: la ingeniera Flavia Royón.
Estoy seguro de que la elección no es azarosa.
Si hay un reclamo que hemos sostenido de manera determinante y homogénea desde el Parlamento del NOA y el Consejo Regional del Norte Grande, es la necesidad de equilibrar los costos de la energía en una región del país que históricamente fue perjudicada en la distribución de los recursos y subsidios.
Royón tendrá que pelear frente a grupos de poder fácticos cuyos intereses muchas veces van a contramano de los intereses populares de la mayoría nacional.
La funcionaria salteña tendrá además la misión de terminar con esa lacerante injusticia que venimos denunciando hace rato: es intolerable que un departamento de la Recoleta pague por la electricidad que consume menos de la mitad de lo que pagan los norteños en cualquier barrio de trabajadores.
Y la misma equidad reclamamos para el transporte público: en Salta el boleto común de SAETA costará $51 desde este lunes, mientras que en el AMBA pagarán $25 en los colectivos y $30 en los subtes.
La energía no solo se trata de una cuestión que afecta el bolsillo de los usuarios residenciales, sino de un área estratégica para el desarrollo productivo e industrial. Sin energía no hay cómo sostener el progreso al que apuntamos para generar nuevos y mejores puestos de trabajo para los salteños.
En esa línea, es valioso mencionar que las primeras reacciones positivas por parte del sector privado local no tardaron en llegar. Particularmente en el norte provincial, donde la compañía Seaboard —conocida por los salteños como el ex ingenio El Tabacal— anunció que invertirá más de 15 millones de dólares para el desarrollo de una destilería industrial que redundará en producción de energía renovable, ingreso de divisas y creación de nuevos puestos de trabajo.
Sin dudas se trata de una buena noticia por la que venimos trabajando mucho desde hace tiempo, desde el 2020, cuando impulsamos un nuevo marco normativo para estimular la industria de los biocombustibles como herramienta de desarrollo para las economías regionales. Fue un trabajo en línea junto a muchas provincias con el objetivo de ampliar la matriz energética de nuestro país, lograr el autoabastecimiento y avanzar hacia una transición ecológica.
Por último, en materia política y a nivel local, ocurrieron dos hechos muy trascendentes.
En primer lugar, lo que sucedió ayer en el Senado provincial que tengo el honor de presidir, cuando el cuerpo legislativo prestó acuerdo a la designación del doctor Gabriel Chibán como nuevo juez de la Corte de Justicia de Salta.
Es un acto histórico: por primera vez, un juez de Corte es designado bajo los parámetros establecidos por la reformada Constitución provincial. Como establece el texto, y con miras a garantizar la alternancia, el doctor Chibán ejercerá su mandato por un período de diez años sin posibilidad de ser designado nuevamente.
Por otra parte, se puso en el centro de la escena mediática la posible fecha de las elecciones del 2023. Se habla, también, de la conveniencia de realizar o no las PASO.
La decisión que tome el Gobierno provincial será debatida por la Legislatura y sancionada fruto del consenso mayoritario del arco político provincial.
Lo cierto es que todavía falta mucho tiempo, pues la campaña no debería comenzar antes de marzo. Así que, como pidió el gobernador Sáenz a oficialistas y opositores, no se apuren que las prioridades no son electorales sino de gestión. Los salteños esperan más respuestas concretas que campaña proselitista.
La situación financiera y la crisis social son dos frentes sobre los que opera toda la atención del Ejecutivo provincial. El cierre del año impone cuestiones que deben definirse para proyectar un nuevo ejercicio fiscal en un panorama complejo, que obliga a negociaciones en distintos niveles y con diferentes protagonistas.
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Comenzó una nueva etapa de gestión institucional en la Argentina y la Provincia está convocada a contribuir en la tarea. Es la forma como se está presentando la construcción del acuerdo político en torno de las reformas estructurales que el gobierno de La Libertad Avanza pretende llevar adelante.
La apertura del último tramo del mandato vigente en los gobiernos nacional, provincial y municipales, no solo ha tentado a algunos sectores a comunicar la pretensión de sus titulares a repetir mandato sino que obliga a fijar prioridades para resolver problemas de larga data. El tratamiento de los presupuestos para el próximo ejercicio fiscal es una buena oportunidad para debatir sobre la cuestión.
Hay que prestarle atención a lo que pasa en cada rincón de la provincia. El interior no puede ser noticia solo cuando ocurre algún acontecimiento lamentable. Hay cosas también valiosas que merecen ser contadas. Sobre todo cuando se trata del progreso, de la familia, del trabajo y de la educación.
Por estas horas, con el proyecto de presupuesto encaminado a su tratamiento en el recinto, toma fuerza la reforma laboral que prepara el gobierno nacional. Se han conocido distintos formatos y todos tienen algunos puntos en común respecto de los aspectos que se pretenden modificar.
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.