
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
El viernes pasado -8 de julio- en Tartagal fue encontrado el cuerpo sin vida de Brenda Rivero con golpes y por lo menos 15 puñaladas.
Opinión14/07/2022 Natalia BuiraBrenda era una joven de 26 años, que deja huérfano a un hijo pequeño, que deambulaba por las calles con serios problemas de adicción. La familia de Brenda expresó: “Brenda no salía de Villa Saavedra, nos dijeron que la subieron a una moto, se habla de una fiesta, pero la justicia aún no nos confirma nada, queremos justicia, está muy golpeada, es inexplicable la saña, tenía muchas heridas en el abdomen, en sus manos, en la cabeza”.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó en forma provisional a un hombre de entre 20 a 25 años como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el género y ensañamiento en perjuicio de Brenda Guadalupe Rivero.
Salta tiene el muy triste record de ser la provincia con más femicidios de la República Argentina, un record que debiera llevarnos a todos: gobernantes, sociedad, organizaciones de la sociedad civil a la interpelación, a la reflexión y a la acción.
La víctima, una joven mujer en extrema situación de vulnerabilidad y exclusión social, reunía en si misma muchas vulnerabilidades: mujer, joven, pobre, que padece adicción a la droga, y con la droga seguramente expuesta a la situación de prostitución.
Hasta ahora no se ha escuchado pronunciamiento alguno, ni se ha levantado voz alguna de la recientemente creada Asociación de Mujeres para la Justicia que ya cuenta con personería jurídica ni de la Comisión de Género del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta. Ambas instituciones deben pronunciarse exigiendo al gobierno medidas efectivas y eficaces para disminuir el alto índice de femicidios en la provincia, prevenirlos y erradicarlos.
El gobierno y la sociedad de la Provincia que ostenta el índice más alto de femicidios parecieran estar anestesiados frente a la extrema violencia de género que se vive en Salta.
Podría hasta decirse que femicidios como el presente son lamentablemente crónicas de muertes anunciadas por la extrema vulnerabilidad que estas jóvenes mujeres presentan en sociedades extremadamente patriarcales como la nuestra, donde la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres y si son pobres menos y si padecen adicciones aún menos. Toda mujer joven pobre que padece adicción a la droga queda en situación de prostitución y así expuesta a todas las violencias de género hasta la más extrema: el femicidio.
Me llama aún la atención que estos casos de femicidios quedan en manos de los fiscales de Graves Atentados a las Personas en cambio que sean asumidos por especialistas en violencia de género como pueden ser las Fiscalías de Género o bien fiscalías específicas de femicidios.
Brenda Rivero vivía en una provincia donde hace años se plantea la falta de asistencia y atención en salud mental y en adicciones, donde los habitantes del interior de Salta están librados a su suerte porque no tienen especialistas ni equipos interdiscipliarios para que los asistan y los atiendan en sus lugares de residencia. Brenda no tenía su derecho a la salud protegido y garantizado y con su pobreza y exclusión social no tenía protegidos ni garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales, los llamados DESC.
Un gobierno y una sociedad que abandona a su suerte a sus miembros más vulnerables adolece de la ética del cuidado a los más vulnerables y no importa cuanta procesión del Milagro se haga en Salta porque el gobierno en primer lugar y la sociedad en segundo lugar están en grave falta con la indiferencia, la insensibilidad que se demuestra cada día con la inacción demostrada.
Nos recuerda a todos este femicidio de Brenda Rivero el femicidio de Celeste Yanet Miranda de 18 años ocurrido también en Salta, en la localidad de Embarcación en el año 2019, donde fueron juzgados tres hombres pero uno solo de ellos fue condenado porque también era una muy joven mujer en situación de extrema vulnerabilidad.
¿Qué hará el estado provincial, el gobierno de la provincia de Salta con los continuos femicidos? ¿Seguirá acaso sin prestarle la debida atención y sin realizar el debido trabajo para su prevención y erradicación? ¿Qué hará la sociedad de Salta y las organizaciones de la sociedad civil? Creo que ha llegado la hora de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos de marchar todos los viernes alrededor de la Plaza 9 de julio y frente a la Catedral para decir “Basta de femicidios, basta de violencia hacia las mujeres”, para que el gobierno y también el clero- tan cuestionado en esta provincia tan patriarcal- se comprometan con la prevención, sanción y sobre todo ERRADICACIÓN de la violencia contra las mujeres en esta Salta que cada día está más lejos de una auténtica espiritualidad y un auténtico humanismo.
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
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