Razones

Opinion 14 de junio de 2022
Como viene sucediendo desde marzo de 2020, una ley va a mantener la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, en orden a la situación existente con el COVID-19, declarado dos años atrás como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento legislativo del proyecto al respecto, girado por el Ejecutivo, seguramente se agotará esta semana.
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Tres leyes y dos decretos son los que han ido extendiendo un estado de excepción que generó inmediata adhesión pero también fuerte resistencia en sectores afectados. Su impacto negativo no ha sido totalmente revertido y se sigue trabajando en ello, lo que hace necesario la extensión de la emergencia, atendiendo a que la situación epidemiológica exige una evaluación constante respecto a la evolución de casos y los riesgos de transmisión de las diversas variantes del virus.

 Con ese fundamento, los 180 días originales se fueron corriendo y si hasta el inicio de este año no había debate en torno de la medida, ahora vale justificar con mayor profundidad la excepcionalidad. El último decreto, de diciembre de 2021, tuvo en cuenta la circulación especialmente de la variante Delta que hizo crecer el número de contagios y muertos y justificó la extensión del plan de vacunación, que se amplió con dos refuerzos. 

Desde el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 250, del 13 de marzo de 2020 -luego convertido en Ley N° 8188- mucho se ha decidido para proteger a la población. Esa norma declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en el territorio de la Provincia, creó el Comité Operativo de Emergencia, suspendió la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, religioso, deportivo y social de participación masiva, cerró los establecimientos educativos, museos, teatros y toda actividad vinculada al turismo. Solo funcionaron las actividades privadas calificadas como esenciales por el Gobierno Nacional y las públicas según el ordenamiento del gobierno local. Fue el tronco que sostuvo centenares de disposiciones que restringieron la vida social a una estrecha expresión. 

No solo ocurrió en Salta y en el país. Es así que a poco andar, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le advirtió al mundo que la implantación de medidas de emergencia para proteger a la población de la pandemia no debe ser usada por los Gobiernos como excusa para violarlos. "Esos poderes deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, ni nada menos", fue lo que dijo Michelle Bachelet en un documento emitido en abril de 2020. Por eso, para ayudar a los Estados en su respuesta al COVID-19, la Oficina de la Alta Comisionada publicó un manual de orientaciones sobre la adopción de medidas urgentes y excepcionales, señalando que solo podían ser las "necesarias, proporcionales y no discriminatorias", limitadas en su duración y acompañadas de salvaguardas para impedir su empleo abusivo. 

El principio fue que las medidas no debían socavar el estado de derecho y no fue ociosa la advertencia del organismo internacional ya que se conocieron  en todo el mundo diversos hechos en los que efectivos de seguridad usaron fuerza excesiva, e incluso letal, para obligar a la población a cumplir las reglas de confinamiento y los toques de queda. No faltaron los casos de gente que murió por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles. La Provincia tuvo lo suyo con el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 255, que creó el régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes de transgresión de la emergencia.

Hoy no pareciera haber razones sanitarias para la prórroga; la concientización de dos años de restricciones debiera alcanzar. Lo que sí parece necesario explicar son  las razones para continuar en emergencia. 

Salta, 14 de junio de 2022

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