Derecho

Opinion 05 de enero de 2022
A partir de este mes, el agua cuesta casi un 29% más. Sin dudas es el peor momento para aplicar un aumento tarifario del servicio cuando arrecian las protestas de usuarios en todo el territorio salteño que llegaron a cortar calles demandando una provisión que es esencial, cuando las temperaturas superan los 30 grados.
aguas del norte medidor

Si bien hay áreas de la Provincia que históricamente padecen la falta del suministro de agua potable, especialmente en la época de estiaje, la falta de inversiones ha llevado a que en estos días, buena parte de la población carezca del servicio por semanas enteras. Las autoridades de la empresa prestadora han expresado su preocupación, dieron justificativos conocidos y prometieron mejoras pero no lo inmediato. El organismo que la controla convocóa una mesa de análisis y reiteró información en torno de los mecanismos con los que los usuarios cuentan para formular reclamos.

Ni una ni otra posición parecieran acordes a un creciente desánimo ciudadano respecto de la posibilidad de ejercitar un derecho que en el mundo se reconoce como esencial, al punto que se pretende sea considerado como un derecho humano. Y hay fundadas razones para que se extienda la convicción que en un ámbito de crisis socioeconómico sean en realidad privilegios. Al menos, todo indica que así debe percibirse cuando el propio presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, reconoció que es imposible que el agua llegue a los hogares durante 24 horas. 

Las razones son las mismas que cuando se utilizaron buena parte de los recursos del Fondo de Reparación Histórica, que generó una millonaria deuda en dólares que la Provincia debe pagar hasta avanzada esta década, para encarar obras que quedaron en anuncios. También se señaló que la carencia de agua es un problema estructural que no se solucionó en años cuando se destinaron más recursos a través del Fondo Bicentenario o de cuanto organismo federal habilitaba líneas de créditos para facilitar el acceso de servicios esenciales. Y todo ello para que el agua llegue mal y tarde a través de camiones cisterna, unos 50 alquilados para toda la provincia, 12 de los cuales están operando en la Capital, una ciudad de más de 600 mil habitantes.

“No hay ninguna solución inmediata ni mágica”, dijo la máxima autoridad de la compañía de aguas responsabilizando a la lluvia que cae, a la tensión eléctrica que saca de servicio las bombas que extraen el agua de los pozos, además que hace mucho calor y la gente tiene sed y necesidad de darse una ducha. Frente a ese oscuro panorama hay una buena señal. El funcionario anunció que por primera vez para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento hay un ambicioso plan de inversiones.

Es el que se presentó en octubre en la audiencia pública de revisión tarifaria, para justificar el pedido de un incremento del 60%, del que se otorgó la mitad. Es un plan de obras a tres años por más de 198 millones de dólares, que incluirá un recambio de cañerías y la construcción de plantas depuradoras. Se encarará con recursos gestionados por el gobernador Gustavo Sáenz ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. La gestión fue previa a que el Gobierno Nacional se quedara sin presupuesto y debiera prorrogar el del ejercicio fiscal 2021.

Urge que el 45% de la producción de agua –un recurso escaso en el mundo- se pierda por cañerías rotas y que ingentes fondos desaparezcan sin que se investigue su destino, dejando la sospecha que es la corrupción la que se los lleva.

El agua es un derecho no una caprichosa concesión del poder.

Salta, 05 de enero de 2022

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