A este grupo le corresponde dictaminar sobre la duración del mandato de los jueces y el mecanismo de selección para los magistrados de la Corte. La Convención fue habilitada por la ley que declara la necesidad de la reforma a tratar lo dispuesto por el artículo 156, párrafos 1 y 3 de la Constitución Provincial, sobre inamovilidad de jueces de corte y jueces inferiores.
Desde el planteo de esta propuesta hubo un intenso debate, ante la posibilidad que se busque que se consagre la perpetuidad en el cargo por parte de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se trata de un propósito que recoge varios antecedentes más o menos recientes, incluso un intento de lograrlo por la vía de una ley que se quedó con media sanción del Senado.
Este análisis encuentra a la Corte de Justicia en un proceso de renovación de su integración porque algunos de sus actuales nueve miembros van a acogerse a los beneficios de la jubilación; al menos dos de ellos en lo inmediato y un tercero el próximo año. Un cuarto le anunció el cuerpo que formalizará su renuncia para retornar al sector privado, donde desarrolla una exitosa tarea que abandonó el año pasado al prestar juramento como Juez de Corte. El Secretario de Justicia confirmó que en el ámbito del Ejecutivo Provincial, responsable de proponer a los jueces, no se ha encarado aún la tarea que se inicia con el proceso participativo que acompaña a la remisión de los pliegos al Senado. Y no será así hasta tanto se produzcan las vacantes aun conociendo que tales retiros que se van producir.
Uno de ellos es Guillermo Catalano, quien hasta este miércoles presidió la Corte, a la que ingresó en 2007. Durante dos períodos consecutivos, desde 2011, fue vicepresidente y desde diciembre de 2015 quedó al frente del Tribunal, siendo reelegido en 2017 y en 2019, por dos años en cada turno. Ahora planteó como irreversible su decisión y se mencionaron razones de salud.
En ámbitos de la cartera de Seguridad y Justicia, cuyo titular Abel Cornejo también fue miembro del máximo tribunal judicial, se reconoce el desprestigio de ese poder. No se señala en voz alta que se vincula al encubrimiento de la corrupción sino que se hace referencia a otros factores como la morosidad en la resolución de las causas. Diego Pérez, el secretario de Justicia, dijo que si bien en la mayoría de los juzgados hay un trabajo comprometido con la prestación del servicio, hay retardos de hasta 15 años en algunas causas. Justicia lenta no es justicia, reafirmó el funcionario que anunció que, a la par de la reforma de códigos procedimentales, se trabaja en la creación de un Observatorio de Justicia para receptar y canalizar las apreciaciones sociales sobre su funcionamiento. El objetivo es imponer el concepto de tiempo razonable; esto es, las causas no deben resolverse en más de dos años. Esa es la reforma de la administración de justicia que se estima en el Ejecutivo esperan los justiciables.
La Convención Constituyente, en tanto, trabajará sobre la inamovilidad de los magistrados, que no es un privilegio del juez sino una garantía de independencia que favorece a la sociedad, según el criterio que sustenta la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia.
La sociedad, por su parte, seguirá ocupada en la resolución de problemas vinculados a su sobrevivencia en un marco de crisis y emergencia.
Salta, 01 de diciembre de 2021
