Gobernantes e instituciones que generan pobreza

Este dato se suma al ya conocido sobre el déficit habitacional, un problema estructural para el que no se generan soluciones.

A esos datos se sumó la peor noticia: los salteños deberemos pagar una sanción de U$S 36.000.000 por una aparentemente arbitraria decisión de Urtubey de revocar el contrato de Enjasa, la empresa adjudicataria de los juegos de azar, sin que existiera causa justificable, de acuerdo con la decisión del tribunal arbitral. 

 Esta abultada nueva e innecesaria deuda se suma a la que nos dejó la gestión de Urtubey, también en moneda extranjera, por el equivalente a treinta y cuatro mil trescientos cincuenta millones de pesos a setiembre de este año, calculada a un dólar a $ 98. Los famosos Fondo de Reparación Histórica y Fondo del Bicentenario, fueron obtenidos mediante la emisión de títulos públicos en dólares, a tasas muy altas, supuestamente para realizar obras públicas, de cuya efectiva ejecución tenemos poca información que se pierde en la nebulosa de falta de controles.

¿Hasta cuándo vamos a permitir gobernantes que no solamente malgastan los dineros públicos, sino que endeuden a las próximas generaciones, y que impúdicamente confiesan que no viven de su salario a pesar que nunca se les conoció otro trabajo fuera de la función pública?

El proceso de revisión constitucional que está en marcha, nos da una oportunidad histórica para corregir algunos de estos males. Para ello lo primero que tenemos que reconocer es el vínculo directo que existe entre la pobreza y la desigualdad con la falta de controles en la ejecución de los gastos públicos. 

Mientras el Gobernador de turno designe a los Auditores Generales y a los jueces de la Corte, seleccionando siempre a personas de su círculo íntimo, no habrá control público y tampoco justicia independiente. El resultado será más corrupción y más impunidad para los poderosos. 

 El principal controlador en nuestro sistema institucional es el Poder Legislativo. Y sabemos muy bien que no está cumpliendo con su responsabilidad. Y que así seguirá mientras no modifiquemos el sistema electoral que fabrica mayorías funcionales al gobernador de turno.

Afirmo que el principal controlador es el Poder Legislativo porque la Auditoría General de la Provincia examina e informa a la Legislatura aconsejando la aprobación o desaprobación sobre la Cuenta General del Ejercicio, esto es, la ejecución de cada presupuesto, pero además, sobre todas las cuentas de percepción e inversión de fondos públicos y de cualquiera de los estados contables del sector público tanto provincial como municipal, así como de todo ente público o privado adjudicatario de servicios privatizados[1]. 

La Auditoría tiene la obligación de controlar cualquier informe contable, financiero o de inversión en el que el Estado tenga fondos, tiene el deber constitucional de informar a la Legislatura y de denunciar cuando detecte la posible comisión de un delito así como actos que generen daño al Fisco. No existe ninguna posibilidad que esto se realice si la Auditoría en 2021 sigue revisando cuentas de 2018!!!

En realidad, la Auditoría no controla lo que debe controlar, ni la Legislatura controla a la Auditoría. En este escenario, los gobernantes se enriquecen a la vista de todos y nunca son llamados a rendir cuentas.

La Provincia tenía, a setiembre de 2021 una deuda de $ 52.103 millones de pesos, ello antes de conocer el último regalo de la gestión Urtubey, esto es, U$S 36 millones de dólares. Esperemos que la Auditoría se de por enterada de lo que toda la ciudadanía conoce y promueva las acciones de responsabilidad contra los funcionarios que generaron semejante daño a la Provincia, daño que se inflige a la población más pobre que verá alejarse cada vez más la solución a sus carencias.

 Quienes pretenden hacernos creer que hay que entregar el Organo de Control a la oposición, lo que buscan es una reforma gatopardista: cambiar algo para que nada cambie. ¿O tal vez alguien pueda decirnos quién es oficialismo y quién es oposición en esta Provincia donde el gobierno de turno se lleva todos los cargos? 

Los auditores deben ser designados por concurso público de antecedentes y oposición, por un jurado técnico con participación de la sociedad civil. Una vez seleccionados, deberán recibir el acuerdo por parte de la Asamblea Legislativa. Tendrán un plazo de duración acotado en el tiempo y serán responsables de sus acciones y omisiones.

La oportunidad de generar cambios que transparenten la utilización de los recursos públicos, que pongan coto al endeudamiento irresponsable y que sancione a quienes generan daño al Estado, existe si la Convención Constituyente realizara las modificaciones constitucionales necesarias.

[1] Artículo 169 de la Constitución de la Provincia.