Los recursos que a diario ingresan a las arcas nacionales, con la misma frecuencia se distribuyen entre las provincias mediante un mecanismo que se acordó en 1988. El sistema se llama coparticipación federal y es el modo que se consagró para distribuir la recaudación de algunos impuestos nacionales entre las provincias.
Los criterios se discutieron, negociaron y acordaron hace un poco menos de cuatro décadas y el criterio de distribución no se basa en el mérito. Un buen reparto fiscal no exige hacer bien las cosas; más aún, ni siquiera convoca a recaudar más. Pasa por tener más necesidades, confiar que la división sea producto de una buena administración y que un gobierno provincial esté muy cerca del nacional. La reforma constitucional de 1994 trató de enmendar las deficiencias del sistema pero 30 años después es una asignatura pendiente.
No faltaron proyectos. La Cámara de Senadores, de origen para cualquier iniciativa de esa naturaleza, creó una comisión a ese fin y como si no hubiese urgencia en reforma alguna, sus resultados fueron nulos. Desde la academia e, incluso, la tarea de los especialistas fue más productiva que lo que logró la voluntad política.
Es cierto que hubo parches en estos treinta años pero la naturaleza de la cuestión exige un trabajo más integral. El que estuvo más cerca de aportar una solución de fondo fue el Pacto Fiscal suscripto entre Nación y Provincias en noviembre de 2017 y aprobado por ley 27429. En ese marco se consensuó que se defina una nueva ley de coparticipación que debía trabajarse en la Comisión Federal de Impuestos, que esté basada en las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción; que contemple criterios objetivos de reparto, logre las metas de solidaridad, equidad y alcanzar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. Como en pocas oportunidades desde finales del siglo pasado, la irrupción del libertario Javier Milei movilizó a los referentes políticos de cada provincia a cumplir con el mandato constitucional.
El actual Presidente de la Nación planteó en su campaña electoral la eliminación de la coparticipación y puso en vilo a los mandatarios provinciales; generó tal inquietud que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela -quien fuera reelecto- amenazó con renunciar a su cargo en caso de que asuma el entonces candidato de La Libertad Avanza. Una ignota Asociación Argentina de Contribuyentes cargó el peso de marcar las líneas básicas de un proyecto para enmendar un régimen confuso y desigualitario, producto de parches e improvisaciones.
A los gobernadores les urge acordar la demorada reforma para no depender del criterio presidencial de reparto, especialmente cuando ciertas provincias tienen una dependencia económica absoluta, que socava las bases del sistema republicano y vacía de contenido a la democracia, según las apreciaciones de los especialistas. Es que está probado que con el actual sistema la disparidad entre provincias es enorme ya que mientras hay algunas que cubren con ingresos propios la mayor parte de sus erogaciones, hay otras para las que la tasa de dependencia del estado nacional escala al 70% o al 90%
El federalismo fiscal y la coparticipación son dos caras de una misma moneda y la vigencia de uno es posible en la medida que la otra aporte a su financiamiento. Hay que avanzar y ya se cuenta con un punto de partida.
Salta, 22 de abril de 2024
