Nuevamente el Ejecutivo Provincial propone intervenir un municipio; en este caso, no es la primera vez que Salvador Mazza puede llegar a tal situación si es que el próximo martes se da sanción en Diputados al proyecto de ley que fuera aprobado este jueves en el Senado. El trámite impuesto a la iniciativa es de urgencia, aunque están operativos los mecanismos institucionales previstos para una acefalía.
Opinión15/10/2021
El que desencadena esta situación es el intendente Rubén Méndez, actualmente en uso de licencia solicitada tras ser imputado en una serie de ilícitos. Es un empresario del comercio fronterizo del norte de la Provincia que en 2013 ganó la intendencia para cumplir el mandato que dejó inconcluso su antecesor, Carlos Villalba, intervenido tras ser encontrado en un prostíbulo capitalino donde se investigaba un caso de trata de personas. En 2015 fue reelecto y actualmente cursa un nuevo mandato.
Su tránsito por la política fue escabroso porque en buena parte de su gestión al frente de un municipio complicado, pobre y con mucha marginalidad, estuvo bajo sospecha de malversación de fondos. Es así que en 2017 se constituyó una comisión investigadora que encontró elementos suficientes para el Juicio Político que dispuso su destitución. La apelación ante la Justicia le permitió su continuidad porque tiene efectos suspensivos; la falta de resolución le facilitó terminar el mandato en 2019 y obtener su reelección. A inicios de este año se abrió nuevamente otro proceso de juicio político por incumplimiento de la aplicación de la Carta Orgánica del Municipio sancionada en el año 2018 y por la cual durante el año 2019 deberían haberse creado todos los Órganos de Control.
Este trámite institucional fue en paralelo a una causa judicial abierta en febrero por una denuncia radicada en octubre de 2020 por el entonces presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba. El fiscal penal Armando Cazón lo imputó por los de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor. Pero la actual situación se desencadenó como consecuencia de otra investigación que realizó la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, a partir de una denuncia vía web por enriquecimiento ilícito. Derivó en una serie de allanamientos el secuestro de vehículos, dinero, documentación y otros elementos. El jefe comunal está acusado de liderar una asociación ilícita.
La intervención que se busca no es compartida unánimemente. La oposición, que domina el Concejo Deliberante, rechaza que sea el único camino para preservar la institucionalidad del municipio, como expresara el Ministro Gobierno ante los senadores, al momento de fundamentar la iniciativa que giró el Ejecutivo Provincial. Es un argumento de tinte autoritario que desconoce la representatividad de un cuerpo legislativo constituido por ciudadanos electos por la voluntad del pueblo, dice un pronunciamiento de la Mesa Departamental de Juntos para el Cambio Más.
Otra fue la posición de la Cámara alta que planteó la necesidad de mirar de manera integral la situación. Y es cierto que los organismos institucionales están funcionando pero no en el tiempo y la forma que la gravedad de la situación manda. Los delitos que se le imputan al actual intendente van más allá del manejo de fondos públicos. Hasta ahora está probado que el gobierno municipal era en sus manos una herramienta para facilitar la comisión de ilícitos.
Faltó control y el Concejo Deliberante debe asumir esa debilidad.
Salta, 15 de octubre de 2021
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