Así cierra la segunda semana de diciembre y la primera de sesiones extraordinarias del Congreso. Fueron convocadas-como corresponde- por decreto del Ejecutivo, que incluyó seis proyectos de ley a tratar en 20 días, pero ni siquiera se apuró la integración de las comisiones que deben dictaminar sobre esas propuestas de gran envergadura por el alcance que tienen sus determinaciones.
Como referencia se puede citar el proyecto de ley de modernización laboral, polémico por sus propósitos y por la mezquina participación social en la definición de su alcance. Tiene, sin embargo, un punto de partida que legitima la intención del gobierno libertario de motorizar la discusión política en torno de cambios exigidos por una nueva realidad en la que se inscriben las relaciones de trabajo. No es precisamente ese el punto de discusión; en casi 200 artículos, las diferencias en el abordaje de esta reforma puede llegar a una fuerte conflictividad que no evitará la represión a la protesta social, a la que se llama Doctrina Bullrich.
La expansión de la norma lleva a que se proponga una reforma tributaria, que no habría sido considerada al momento de hacer ingresar la iniciativa por el Senado; esto es, se obvió que las cuestiones impositivas tienen a la de Diputados como Cámara de origen. Son disposiciones constitucionales que garantizan el equilibrio institucional de la República, se dijo luego que al mediodía del pasado jueves el espinel político centrara su atención en el proyecto.
El oficialismo tiene una perspectiva más positiva en el tratamiento de la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026. La iniciativa arranca estableciendo que “al cierre deberá presentar una ejecución con un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Esa es una condición innegociable que, si algún efecto secundario puede tener, es inspirar a las provincias a tomar la misma decisión. Prevé un superávit financiero para la Administración Pública Nacional de 2 billones de pesos, que sube a casi 3 billones para todo el Sector Público Nacional, universo que también incluye a las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes estatales. La iniciativa ha sido elaborada con parámetros de un crecimiento del Producto Bruto Interno de 5%, un Índice de Precios al Consumidor de 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar.
Hasta este jueves, el gobernador Gustavo Sáenz estuvo insistiendo en que debe darse continuidad al financiamiento de obras federales en Salta. Fue el objetivo de la reunión que sostuvo con el el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.Para asegurar esa aspiración, ratificó el acompañamiento a la gestión de La Libertad Avanza. El diputado nacional oficialista Julio Moreno reconoció que la nueva composición de la Cámara y el voto favorable de los diputados que responden a gobiernos amigables aseguran la aprobación del Presupuesto.Tiene una estimación que ello ocurrirá en el curso de la semana entrante.
Están aseguradas obras reclamadas por el mandatario en rutas nacionales como la 51, la 40 y la 16. Son obras estratégicas para el crecimiento y el desarrollo de la provincia, dijo el legislador. No son todas ni nada asegura que del papel a la obra no haya dificultades.
Las obras no cubren las demandas provinciales, que reclaman un mayor flujo de recursos ya que calcularon en casi un punto del PBI la reducción impuesta por la administración nacional.
Se debe entender a los gobernadores que siguen pidiendo que les restituyan los que les quitaron porque legítima y legalmente les corresponde. En tanto, deben tomar lo que se pone en la mesa.
Salta, 12 de diciembre de 2025
