El secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, habló sobre la denuncia que realizó contra el juez federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, por los malos tratos a trabajadores.
Judiciales01/09/2021
Por Aries, Piumato consideró que Martínez Frugoni “hizo todo mal” y es insólito que lo hayan designado pese a los antecedentes que tenía en causas vinculadas al narcotráfico.
“Creemos que está mal de la cabeza por la forma que trata al personal”, expresó sobre las humillaciones, gritos, hostigamientos a mujeres por quedar embarazadas, a tal punto de violar los reglamentos de una manera que se torna insoportable.
Por esta razón, resalta que con “responsabilidad y pruebas” el gremio Unión de Empleados Judiciales de la Nación ante el Consejo de la Magistratura pidieron la suspensión preventiva de Martínez Frugoni mientras dure el jury de enjuiciamiento.
Para Piumato, la situación es la punta del iceberg porque comenzará a salir otros desmanejos del Magistrado.
El dirigente sindical confía en que se concrete el apartamiento del Juez porque la denuncia es muy sólida, ya que la entidad avanza en este sentido cuando “hay elementos gravísimos”.
Piumato no dudó en sostener que Martínez Frugoni no está a la altura de la responsabilidad que la sociedad le dio para un cargo tan importante en una zona de frontera.
Destaca que la organización a la que representa es la que más jueces ha denunciado y conseguido que sean separados de sus cargos.
“No es una denuncia de la noche a la mañana, buscamos vías de entendimiento, pero se volvió insostenible y se tomó la decisión dura, pero es la única para preservar a los trabajadores judiciales y comunidad de Tartagal”, finalizó.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
