Sanciones

La Capital no es la excepción y la reducción de incidentes registrada en 2020, año de irrupción de la pandemia que obligó a un extenso período de aislamiento, ya se ha revertido. El registro de 27 personas que perdieron la vida en siniestros viales en su transcurso es hoy de unas 30 cuando recién se ha iniciado el octavo mes del año. Las ocasiones se multiplican por el estado de las calles y por el elevado consumo de alcohol. Un accidente en un bache en el microcentro de la ciudad en la mañana del pasado lunes fue la acabada imagen de este peligroso vínculo.

No menos grave es la relación entre los intentos de solución de esta problemática y actos de corrupción en su concreción. El 23 de julio pasado fue presentado por la Municipalidad de la ciudad de Salta, el sistema de radarización "Cámaras Salva Vidas", que se ubicarán en distintos puntos críticos, de acuerdo a un mapa de siniestralidad que registra las zonas con mayor cantidad de incidentes de tránsito. Ocho de estos elementos tecnológicos de control y vigilancia del cumplimiento de las leyes de tránsito ya estaban funcionando al momento del anuncio  y se aclaró que su objetivo no es recaudatorio.

Se informó que el municipio pondrá al alcance de la población información completa sobre el sistema, cómo funciona y, especialmente, dónde se ubican las cámaras. Se pretende que todas las personas cumplan en forma efectiva con las normas viales y así contribuir a reducir la siniestralidad vial en la ciudad.

Sin embargo, no pareciera ese el verdadero objetivo del control. Según un informe periodístico difundido el primer día de agosto, se trata de un multimillonario negocio que gira en torno de la recaudación por infracciones, del que participa una entidad sin fines de lucro. El monto que se obtiene a través de fotomultas no fue señalado por el periodista Jorge Lanata porque el gobierno de la Ciudad de Salta no dio respuestas a las consultas al respecto. Aunque la puesta en marcha de este sistema se conoció diez días atrás, la firma del convenio con la Cámara de Empresas de Control y Administraciones de Infracciones de Tránsito, que lo provee, se produjo en junio.

Hasta ahora, el Concejo Deliberante –que tiene a su cargo el control de las acciones del Ejecutivo- no ha hecho referencias a la cuestión. En la mañana del lunes se reunió la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del cuerpo pero no abandonó la agenda de la convocatoria original, que giró en torno de temas cotidianos, como la demarcación de estacionamiento de bicicletas y de sendas peatonales. También aprobó un pedido de informes respecto de las gestiones realizadas en lo relativo a la apertura de pasos a nivel en las vías del Ferrocarril General Belgrano.

Se trata de cuestiones que son importantes a la hora de bajar el nivel de siniestralidad, que no solo produce muertes sino secuelas y gastos que deben ser enfrentados con recursos públicos. En el primer trimestre de este año se había informado que el costo de cada víctima de incidentes de tránsito representaba cerca de 2 millones de pesos al sistema de salud de gestión estatal. No menos preocupante es que los datos ordenados dan cuenta que más de las mitad de los muertos son personas con edad entre 16 y 35 años.

Este repaso lleva a considerar que, de confirmarse irregularidades,  la sanción debe superar penalidades judiciales y alcanzar las de orden político. Y en el menor tiempo posible. 

Salta, 03 de agosto de 2021