No más de treinta días tiene la Provincia para cerrar su reestructuración de deuda con acreedores externos. Aunque infructuosa, la tarea realizada hasta el momento no le quita entusiasmo al Ministro de Economía que –paralelamente a esas negociaciones- trata de emprolijar las cuentas públicas. Ese ordenamiento es clave para un buen resultado.
Opinión14/01/2021
Salta adeuda unos 600 millones de dólares y precisamente el 75% de ese monto está en esa moneda. Un cupón de un bono tiene vencimiento este mes y utilizando los 30 días de gracia que suelen tener estas obligaciones, el gobierno salteño pretende avanzar lo necesario para evitar el default.
A todas luces la situación es complicada porque no se trata solamente de una administración endeudada sino con escasa capacidad de contar con recursos holgados por la situación de la economía. El sector privado demanda de la asistencia y acompañamiento del Estado y ante la advertencia de un rebrote intenso en este tiempo y de una segunda ola de la pandemia de coronavirus no más allá de abril, la preocupación es mayúscula. El propio titular de la hacienda provincial ha reconocido que mayores restricciones generarán un trance muy doloroso a las empresas.
En esta semana hubo gestiones ante el Gobierno Nacional porque si bien el Presupuesto Provincial 2021 contempla recursos para cubrir los servicios de la deuda, el acuerdo con los acreedores es imprescindibles. Roberto Dib Ashur calificó de abrumadores a los vencimientos con los plazos y tasas de interés pactados originalmente; se trata de unos 140 millones de dólares por año hasta 2024, por lo que se necesita extenderlos en el tiempo a fin de cumplir sin afectar otras obligaciones, como la prestación de servicios esenciales.
El gobierno de Salta necesita mantener el orden de las cuentas públicas, considerando una lista de prioridades. El pago de haberes de trabajadores de la administración pública representa –en el mejor de los casos- el 60% del gasto corriente los recursos. Además de asegurar la prestación de servicios básicos, debe invertir en asistencialismo por las condiciones de pobreza a las que está sometida casi la mitad de la población, que se han profundizado por la presencia del COVID. Otro propósito impostergable es el de asegurar obras estratégicas de infraestructura para distintos sectores de la economía.
Todo esto debe lograrse en un contexto que no es el más propicio. La capacidad de endeudamiento es mínima ya que la adhesión al último consenso fiscal le obliga a evitar ese recurso. Básicamente cuenta con el apoyo del gobierno central que, al margen de las remesas de coparticipación que le corresponden a Salta, puede hacer uso de su poder discrecional para remitir fondos y financiar obras públicas de envergadura.
Las expectativas no son mayores porque si bien el Estado nacional ha reestructurado el año pasado su propia deuda con acreedores externos, tiene pendiente la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero el dato preocupante es que si bien hay una situación económica mundial condicionada por la pandemia, no se deja de observar el comportamiento de los bonos de un país que ha perdido toda credibilidad. No somos confiables en el mundo, es la aseveración del ministro salteño luego de haber escuchado un informe al respecto de las autoridades nacionales.
En el horizonte inmediato no aparece como cercana alguna negociación de carácter salarial. Es prioridad para los empleados del Estado y ya hay demandas desde el sector sindical de apertura de paritarias.
Para el gobierno de Gustavo Sáenz al tope de las preocupaciones sigue estando la Salud y cada uno deberá hacerse cargo de esa decisión.
Salta, 14 de enero de 2021
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
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Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
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