Salta adeuda unos 600 millones de dólares y precisamente el 75% de ese monto está en esa moneda. Un cupón de un bono tiene vencimiento este mes y utilizando los 30 días de gracia que suelen tener estas obligaciones, el gobierno salteño pretende avanzar lo necesario para evitar el default.
A todas luces la situación es complicada porque no se trata solamente de una administración endeudada sino con escasa capacidad de contar con recursos holgados por la situación de la economía. El sector privado demanda de la asistencia y acompañamiento del Estado y ante la advertencia de un rebrote intenso en este tiempo y de una segunda ola de la pandemia de coronavirus no más allá de abril, la preocupación es mayúscula. El propio titular de la hacienda provincial ha reconocido que mayores restricciones generarán un trance muy doloroso a las empresas.
En esta semana hubo gestiones ante el Gobierno Nacional porque si bien el Presupuesto Provincial 2021 contempla recursos para cubrir los servicios de la deuda, el acuerdo con los acreedores es imprescindibles. Roberto Dib Ashur calificó de abrumadores a los vencimientos con los plazos y tasas de interés pactados originalmente; se trata de unos 140 millones de dólares por año hasta 2024, por lo que se necesita extenderlos en el tiempo a fin de cumplir sin afectar otras obligaciones, como la prestación de servicios esenciales.
El gobierno de Salta necesita mantener el orden de las cuentas públicas, considerando una lista de prioridades. El pago de haberes de trabajadores de la administración pública representa –en el mejor de los casos- el 60% del gasto corriente los recursos. Además de asegurar la prestación de servicios básicos, debe invertir en asistencialismo por las condiciones de pobreza a las que está sometida casi la mitad de la población, que se han profundizado por la presencia del COVID. Otro propósito impostergable es el de asegurar obras estratégicas de infraestructura para distintos sectores de la economía.
Todo esto debe lograrse en un contexto que no es el más propicio. La capacidad de endeudamiento es mínima ya que la adhesión al último consenso fiscal le obliga a evitar ese recurso. Básicamente cuenta con el apoyo del gobierno central que, al margen de las remesas de coparticipación que le corresponden a Salta, puede hacer uso de su poder discrecional para remitir fondos y financiar obras públicas de envergadura.
Las expectativas no son mayores porque si bien el Estado nacional ha reestructurado el año pasado su propia deuda con acreedores externos, tiene pendiente la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero el dato preocupante es que si bien hay una situación económica mundial condicionada por la pandemia, no se deja de observar el comportamiento de los bonos de un país que ha perdido toda credibilidad. No somos confiables en el mundo, es la aseveración del ministro salteño luego de haber escuchado un informe al respecto de las autoridades nacionales.
En el horizonte inmediato no aparece como cercana alguna negociación de carácter salarial. Es prioridad para los empleados del Estado y ya hay demandas desde el sector sindical de apertura de paritarias.
Para el gobierno de Gustavo Sáenz al tope de las preocupaciones sigue estando la Salud y cada uno deberá hacerse cargo de esa decisión.
Salta, 14 de enero de 2021
