El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, en acuerdo general de ministros decretó un régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes en contra de las disposiciones de Nación y la Provincia en el marco de la emergencia por el COVID-19.

En el régimen excepcional se dispone una sanción de 60 días de prisión o de multa (alrededor de dos mil pesos), para quienes desobedezcan ordenes legítimas de los agentes de orden público. 

“Si la infracción fuere cometida mediante la conducción de un vehículo automotor o de cualquier otro medio de transporte a autopropulsión, las fuerzas de seguridad que intervengan en el procedimiento lo decomisarán preventivamente y de forma inmediata” indica el Decreto 255.

Se determina además que el jefe de Policía tendrá competencia para resolver sobre la infracción cometida y el interesado podrá concurrir a la justicia en el plazo de cinco días vía apelación sin efecto suspensivo ante el juez de Garantías correspondiente. 

El dinero recaudado en concepto de multas será destinado a la atención de la emergencia sanitaria.