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El fiscal Gabriel González ordenó distintas medidas para establecer si los profesionales incurrieron en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público u omisión de sus deberes. No descartó abrir una segunda causa penal contra los policías que no informaron sobre la denuncia.
Salta13/03/2020Por Aries, el fiscal interino de la Fiscalía Penal 4, Gabriel González, indicó que se encuentran realizando dos actuaciones de forma paralela; por una parte, la denuncia efectuada por el apoderado legal del hospital San Bernardo respecto al paro sorpresivo de anestesistas y por otra, una administrativa, que podría ser la previa de una actuación penal contra efectivos policiales.
“Yo veo por la falta de cumplimiento del servicio esencial de salud. Tratamos de identificar a los posibles damnificados, hay que acreditar el hecho delictuoso y ver quiénes son los potenciales partícipes”, señaló el fiscal, sobre los anestesistas.
Se sabe – continuó González – que los médicos no pueden ingresar en cirugía sin el servicio de anestesia, por lo que, aquel día de la denuncia, quedaron un cúmulo de intervenciones sin realizarse.
"Los servicios esenciales que brinda el Estado tienen garantía constitucional. Serían 14 los profesionales que se investiga si su conducta enmarca en la cuestión penal”, concluyó González.
Aclaró, en tanto, que las denuncias públicas sobre cobros indebidos de horas guardia son analizadas a través de auditoría interna del hospital, y si las autoridades evaluaran que corresponde una denuncia penal, la elevarán como tal. En ese caso, deberá investigar una fiscalía de Delitos Económicos Complejos; al igual que el hallazgo de medicamentos vencidos, revelado públicamente por el gerente del nosocomio, Pablo Salomón.
Analiza imputación a policías
González no descartó avanzar en una imputación penal contra los policías que no informaron oportunamente sobre la denuncia radicada en la seccional novena de la Policía de la Provincia, en contra de los médicos del hospital San Bernardo. Los acusaría por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y obstrucción de la justicia.
Hasta ahora, el Ministerio Público Fiscal solicitó una sanción administrativa por no haber informado a la fiscalía sobre la denuncia radicada, dentro de los plazos establecidos por el Código, de cinco días como máximo y en lo inmediato, cuando se trata de situaciones de urgencia, como la de del hospital.
Ocurre que la Fiscalía tomó conocimiento de la denuncia que hicieron las autoridades del San Bernardo recién el martes 11, cuando fue radicada el 5 de marzo pasado.
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