Se produjo el primer cambio del gabinete de la intendenta capitalina, a un poco más de cincuenta días de asumido. No fue una modificación menor ya que quien resultó relevado era el responsable del área de Economía y Hacienda.
Opinión03/02/2020
Antes de dejar tan importante cartera acompañó con su firma decisiones destacadas, que dan cuenta de cierto desorden administrativo heredado y de la necesidad de crear un propio procedimiento para poner en caja algunas cuestiones. Se trata de aquellas que generan demandas por parte de vecinos, especialmente de los que por distintas razones tienen relaciones frecuentes con la burocracia municipal.
Precisamente entre el 24 y el 30 de enero pasado se emitieron decretos que llevan la firma de Emilio Savoy Uriburu, el funcionario que hace unos quince días por lo menos dejó trascender que había dimitido a su cargo pero que se fue este lunes. Por uno de ellos se creó el Programa para la Evaluación y Determinación de deudas supuestamente generadas con anterioridad al 10 de Diciembre de 2019, fecha en la que sumió Bettina Romero la jefatura comunal. Funciona en el ámbito de la Coordinación Jurídica y Legal, que está a cargo de Daniel Nallar, uno de los dos funcionarios más empinados del equipo que secunda a la primera mujer que llegó a la intendencia.
Según los considerandos del decreto hay reclamos efectuados por deudas generadas por actos, hechos o decisiones adoptadas durante la anterior Administración de Gobierno que obligan, por razones de economía y eficiencia, darles un tratamiento global y basado en criterios uniformes. Respecto de esta problemática, se ha determinado la inexistencia de documentación o constancias suficientes que acrediten fehacientemente la legitimidad de las deudas referidas, así como tampoco es posible identificar correctamente la documentación que sustenta las deudas reclamadas por terceros, ni el cumplimiento de los pertinentes procedimientos administrativos de manera previa. Se trata de improlijidades, en el mejor de lo casos, por lo que se ha dispuesto la suspensión de todo pago hasta tanto se acomoden las cuentas. El plazo a ese fin es de 60 días.
El funcionario saliente también estampó su firma, junto a las de los Coordinadores Jurídico y Legal y de Planificación y Control –que siempre escoltan a la de la intendenta Romero- en decreto por el que se ha creado el Programa de Asistencia Crítica y de Ciudadanos en Situación de Riesgo, dependiente de la Unidad de Intendencia. Está destinado a familias y personas que se encuentran en emergencia, a fin de encarar los imprevistos que requieren de una rápida intervención desde el Municipio. La propia jefa de la comuna trazó el mapa de urgencias, en base a demandas que personalmente le plantearon los vecinos en reuniones desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.
Savoy Uriburu también intervino en el decreto por el que se puso en marcha el Programa de Detección de Riesgos y Situaciones Irregulares, destinado a resolver la falta de funcionalidad y aptitud edilicia de los distintos inmuebles donde se desarrollan las actividades propias del Municipio, edificios privados y espacios públicos que plantean riesgos a la salud y la integridad física de los agentes municipales y la ciudadanía en general. El documento destaca el elevado deterioro edilicio de los inmuebles, propios y en comodato, que ocupa la Municipalidad y la intendenta quiere que un plazo perentorio se le presente un informe acabado sobre la cuestión. Antes de abandonar la función, puso la cuarta firma al decreto que estableció un procedimiento estricto para todo lo que implique gastos.
Ahora empieza una nueva etapa en el gobierno de la principal ciudad de la Provincia.
Salta, 03 de febrero de 2020
El gobierno provincial espera contar, al cierre de este mes, con herramientas para concurrir en asistencia de las mipymes provinciales, envueltas en una severa crisis. En la Legislatura se trata el proyecto de ley que contempla la creación del Fondo de Garantías de Salta.
Comenzó a transitarse la recta final de una campaña electoral que los analistas calificaron como rara. Esta elección de medio tiempo va a plebiscitar la política económica del Gobierno nacional y ello puso en el escenario a otros protagonistas, que no tienen dos semanas para atender sino dos años para resolver los problemas pendientes de su administración.
Antes que dar mi opinión sobre el inédito rescate ofrecido al gobierno de Milei por el de su par norteamericano, Donald Trump, creo que puede resultar mucho más útil referirme a las reflexiones del premio Nobel de economía, el estadounidense Paul Krugman acerca del accionar de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, que han tenido enorme repercusión en los diferentes medios gráficos nacionales que comparto.
El penúltimo fin de semana largo del año puede servir para acomodar muchas piezas que la dinámica política ha desacomodado en los últimos días. La economía volvió a recuperar la centralidad que por un momento ocupó la Justicia, cuya intervención sacó del juego a protagonistas excluyentes del tiempo electoral en marcha. Estos movimientos han configurado un nuevo panorama.
Insisten los intendentes en plantear la preocupación por la caída de la coparticipación municipal, que se corresponde con los menores giros de recursos nacionales a la Provincia. Algunas soluciones que venían planteando los gobernadores han quedado frustradas en el Congreso.
El exgobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero sorprendió al expresar su apoyo al frente Primero los Salteños, que lidera Gustavo Sáenz.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Gobierno analiza una reforma previsional que podría implicar un aumento en la cantidad de años de aportes mínimos requeridos para jubilarse, un tema clave en los acuerdos con el FMI. La propuesta apunta a subir gradualmente la edad a 70 años para ambos sexos a partir de 2030.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.