Se produjo el primer cambio del gabinete de la intendenta capitalina, a un poco más de cincuenta días de asumido. No fue una modificación menor ya que quien resultó relevado era el responsable del área de Economía y Hacienda.
Opinión03/02/2020
Antes de dejar tan importante cartera acompañó con su firma decisiones destacadas, que dan cuenta de cierto desorden administrativo heredado y de la necesidad de crear un propio procedimiento para poner en caja algunas cuestiones. Se trata de aquellas que generan demandas por parte de vecinos, especialmente de los que por distintas razones tienen relaciones frecuentes con la burocracia municipal.
Precisamente entre el 24 y el 30 de enero pasado se emitieron decretos que llevan la firma de Emilio Savoy Uriburu, el funcionario que hace unos quince días por lo menos dejó trascender que había dimitido a su cargo pero que se fue este lunes. Por uno de ellos se creó el Programa para la Evaluación y Determinación de deudas supuestamente generadas con anterioridad al 10 de Diciembre de 2019, fecha en la que sumió Bettina Romero la jefatura comunal. Funciona en el ámbito de la Coordinación Jurídica y Legal, que está a cargo de Daniel Nallar, uno de los dos funcionarios más empinados del equipo que secunda a la primera mujer que llegó a la intendencia.
Según los considerandos del decreto hay reclamos efectuados por deudas generadas por actos, hechos o decisiones adoptadas durante la anterior Administración de Gobierno que obligan, por razones de economía y eficiencia, darles un tratamiento global y basado en criterios uniformes. Respecto de esta problemática, se ha determinado la inexistencia de documentación o constancias suficientes que acrediten fehacientemente la legitimidad de las deudas referidas, así como tampoco es posible identificar correctamente la documentación que sustenta las deudas reclamadas por terceros, ni el cumplimiento de los pertinentes procedimientos administrativos de manera previa. Se trata de improlijidades, en el mejor de lo casos, por lo que se ha dispuesto la suspensión de todo pago hasta tanto se acomoden las cuentas. El plazo a ese fin es de 60 días.
El funcionario saliente también estampó su firma, junto a las de los Coordinadores Jurídico y Legal y de Planificación y Control –que siempre escoltan a la de la intendenta Romero- en decreto por el que se ha creado el Programa de Asistencia Crítica y de Ciudadanos en Situación de Riesgo, dependiente de la Unidad de Intendencia. Está destinado a familias y personas que se encuentran en emergencia, a fin de encarar los imprevistos que requieren de una rápida intervención desde el Municipio. La propia jefa de la comuna trazó el mapa de urgencias, en base a demandas que personalmente le plantearon los vecinos en reuniones desarrolladas en distintos puntos de la ciudad.
Savoy Uriburu también intervino en el decreto por el que se puso en marcha el Programa de Detección de Riesgos y Situaciones Irregulares, destinado a resolver la falta de funcionalidad y aptitud edilicia de los distintos inmuebles donde se desarrollan las actividades propias del Municipio, edificios privados y espacios públicos que plantean riesgos a la salud y la integridad física de los agentes municipales y la ciudadanía en general. El documento destaca el elevado deterioro edilicio de los inmuebles, propios y en comodato, que ocupa la Municipalidad y la intendenta quiere que un plazo perentorio se le presente un informe acabado sobre la cuestión. Antes de abandonar la función, puso la cuarta firma al decreto que estableció un procedimiento estricto para todo lo que implique gastos.
Ahora empieza una nueva etapa en el gobierno de la principal ciudad de la Provincia.
Salta, 03 de febrero de 2020
Con mucha incertidumbre cierra una de las semanas de mayor intensidad política de este año electoral. El entramado de relaciones entre el gobierno nacional y los provinciales y entre distintos sectores políticos con representación parlamentaria, ha comenzado a renovarse por necesidad más que por convicción.
El arranque de la segunda mitad del año muestra una situación inestable, en la que sobresale la tensión entre el gobierno nacional y las Provincias y la creciente conflictividad social. En ese marco debe inscribirse la convocatoria a un plenario de la CGT Regional Salta.
La Patria libre volvió a cumplir años. Vengo de la querida vecina provincia de Tucumán, donde —como desde tiempos inmemorables— se volvió a vivir la emocionante liturgia de una de las fechas más simbólicas del calendario nacional.
A 209 años de un acto que definió la existencia de la Nación Argentina, se toma el peso de un proceso que no ha concluido. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de la corona española y se renunció a cualquier forma de dominación extranjera. Fue el primer paso.
La política salteña está convocada a una importante tarea en defensa de los intereses de la provincia. Frente a un modelo de administración que refuerza el centralismo a costa de un interior heterogéneo, cada sector debe sentar posición sobre avances reales y al margen de definiciones discursivas.
Lo que está en juego cuando el poder no tiene memoria.
El director del INTI Salta, destacó el respaldo de más de 200 cámaras industriales y 1000 pymes a la labor del instituto, y explicó cómo se trabaja a demanda de los gobiernos y entes provinciales, sin fines de lucro.
Sergio Camacho, a cargo de Enlace y Relaciones Políticas, afirmó que el gobernador aún no definió alianzas, aunque se afirme en off.
El titular de ADP, Fernando Mazzone, advirtió que no descarta un paro docente si el Gobierno no mejora la oferta salarial tras las vacaciones.
La decisión fue comunicada por carta documento y afecta a pacientes y trabajadores de Tisec S.R.L., la empresa prestadora. Denuncian que no hubo comunicación previa ni plan alternativo para la atención de los beneficiarios.
Trabajadores del Hospital Militar convocan a una movilización el próximo lunes 14, en rechazo a la decisión de cerrar el centro de salud, lo que dejaría a 100 empleados sin trabajo y a miles de jubilados sin atención médica.