Casación extendió los plazos y la nueva fecha límite para que ingresen las apelaciones será recién en febrero de 2025.
Para Villalba Ovejero, es un gran paso la colaboración de la Iglesia con la Justicia en causas de abuso sexual
El Fiscal de Impugnación, Rodolfo Villalba Ovejero, dialogó con el programa Noticia Criminis, sobre el comunicado del Arzobispado salteño donde les pide perdón a las víctimas de abuso sexual eclesiástico, define un protocolo de actuación antes las denuncias y afirma que colaborará con la justicia en la entrega de información de las causas.
Judiciales07/07/2019Sebastián CardozoVillaba Ovejero dijo que es un pronunciamiento de la Iglesia Salteña que representa un paso muy importante y que encuadra en el esquema que propone su santidad, el Papa Francisco, es decir, de dejar en claro que la iglesia no va a proteger a sus miembros, al contrario, tienen una obligación mayor que cualquier ciudadano común.
“Son personas que ejercitan una función espiritual muy especial basada en la confianza de los fieles por lo que son los primeros que deben dar el ejemplo y ponerse a disposición de la justicia de Dios. Aquí cabe el precepto bíblico que dice dar a cesar lo que es del cesar y a Dios lo que es de Dios. Lo que enseña Jesús es que primero hay que cumplir con la ley de los hombres y después atender a la ley suprema”, explicó.
Según el Fiscal, es un paso importante y de mucha autoridad y valentía de Monseñor Mario Antonio Cargnello porque no puede ser posible que un sacerdote pueda ponerse en una situación de apartamiento de lo que establece la ley, violando el principio constitucional de la igualdad ante la ley.
“Me parece valioso y en cualquier organización social sospechada de delito, la justicia puede allanar los edificios donde se guarda documentación que permita encausar una investigación penal”, agregó.
Finalmente, Villalba Ovejero sostuvo que la autoridad eclesiástica está sentando las bases para que nadie se ponga por encima de la ley penal y comparó la situación con la ley de fueros ya que son institutos jurídicos que están dictados para una determinada finalidad pero no puede transformarse en un instituto que preserve la acción delictiva de sus integrantes porque no es razonable y no se ajusta a derecho.
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