El abogado de víctimas de abuso sexual eclesiástico, Luis Segovia, dialogó con Aries sobre la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe que ordena la constitución de un tribunal de segunda instancia para juzgar al presbítero Emilio Raimundo Lamas. Mientras dure el proceso canónico, Lamas sigue siendo un sacerdote pero eso no afecta al juicio que deberá afrontar en la justicia ordinaria.
Judiciales 25/02/2019
Sebastián Cardozo
Luis Segovia, querellante en la causa por abuso sexual, cometido por Emilio Raimundo Lamas, en perjuicio de Juan Carlos García y Carla Morales, explicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe, admitió la apelación de la defensa de Emilio Lamas sobre la sentencia de primera instancia del tribunal ad hoc en Salta.
“Esto significa que se va a tener que conformar un nuevo tribunal para juzgar en segunda instancia los hechos por los cuales se lo acusa y también dice que se suspenden los efectos de la primera sentencia, es decir que la pérdida del estado clerical está en suspenso por lo que debería entrar en vigencia las medidas cautelares que había dictado el Arzobispo Cargnello que era la suspensión del ejercicio del sacerdote”, añadió.
El abogado aclaró que esta resolución canónica no influye en la justicia local por lo que la causa llegará a juicio con normalidad. “Es simplemente el trascurso de un proceso aparte que es exclusivo de la Iglesia católica y para la cual a las víctimas no se les notifica y por lo tanto ni conocen la primera instancia”, agregó.
El letrado sostuvo que no sabe los fundamentos de la apelación y su hubo errores en el proceso. “Es de presumir algún error procesal que es salvable en un proceso de segunda instancia pero no incluye en el fondo del asunto donde hay evidencia sobrada”, aseveró.
Finalmente, Segovia indico que Lamas seguiría siendo sacerdote pero estaría sometido a las medidas cautelares que dicte el superior jerárquico que es el Arzobispo.
En Aries, la abogada – en representación de “Innocence Project”- reparó en los ADN, tres sin identificar, y sobre la actuación del juez Martín Pérez en 2011, cuando ocurrió el brutal crimen.
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