
La investigación inició en el marco de un operativo internacional, donde se detectó la actividad ilícita que se desarrollaba en la ciudad de Salta. En dispositivos digitales secuestrados al acusado, se encontraron más de 60 mil archivos.


Después de casi ocho años, Ana Fernández espera que se fije fecha para el inicio del juicio por la muerte de su hija Cintia Fernández, ocurrida en abril de 2011 en barrio Parque La Vega.
Judiciales04/02/2019
Por Aries, Fernández aseguró que en todo este tiempo ha enfrentando al Estado, cuyas autoridades intentaron hacer pasar la muerte de su hija por suicidio.
Todavía no hay fecha fijada para el inicio de las audiencias de juicio, porque el fiscal Ramiro Ramos Ossorio está analizando los más de 30 cuerpos de expedientes del caso.
Fernández reconoció que tenían la expectativa de que comience en febrero, pero no dudó en sostener que será en el primer semestre cuando se concrete.
Aseguró que para está prevista la presencia de un abogado de Nación que participará en carácter de Amicus Curiae, designado por el ministro de Justicia de la Nación, German Garavano.
La mujer adelantó que pedirán la máxima condena para el principal acusado del caso, Mario Federico Condorí.
Fernández aseguró que en todos estos años que lleva adelante la búsqueda de justicia para su hija, conoció todos los vericuetos judiciales.
Reconoció que para muchos fue una sorpresa que se llegue a juicio, porque no imaginaban que se pueda alcanzar esa instancia.
“Ni olvido, ni perdón. Le voy a pelear la perpetua hasta la Corte”, sostuvo Fernández.
Por otro lado, aseguró que las autoridades de la Universidad Católica de Salta se llamaron a silencio y nunca le explicaron cómo le dieron una beca al acusado de asesinar a su hija y lo dejan concurrir a clases.
En este sentido, lamentó que el rector Rodolfo Gallo Cornejo y monseñor Mario Antonio Cargnello haya otorgado ese beneficio a una persona sospechada de femicidio mientras hay tantos chicos que dejan de estudiar en esa institución por los elevados costos de las cuotas.
Fernández destacó que con el escrache social logró sacarle la beca pese a que ninguna autoridades de la universidad le contestó a ella.

La investigación inició en el marco de un operativo internacional, donde se detectó la actividad ilícita que se desarrollaba en la ciudad de Salta. En dispositivos digitales secuestrados al acusado, se encontraron más de 60 mil archivos.

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