
La investigación se inició a partir de un policía que manifestó que había escuchado una conversación entre dos efectivos que referían a la venta.
Después de casi ocho años, Ana Fernández espera que se fije fecha para el inicio del juicio por la muerte de su hija Cintia Fernández, ocurrida en abril de 2011 en barrio Parque La Vega.
Judiciales04/02/2019Por Aries, Fernández aseguró que en todo este tiempo ha enfrentando al Estado, cuyas autoridades intentaron hacer pasar la muerte de su hija por suicidio.
Todavía no hay fecha fijada para el inicio de las audiencias de juicio, porque el fiscal Ramiro Ramos Ossorio está analizando los más de 30 cuerpos de expedientes del caso.
Fernández reconoció que tenían la expectativa de que comience en febrero, pero no dudó en sostener que será en el primer semestre cuando se concrete.
Aseguró que para está prevista la presencia de un abogado de Nación que participará en carácter de Amicus Curiae, designado por el ministro de Justicia de la Nación, German Garavano.
La mujer adelantó que pedirán la máxima condena para el principal acusado del caso, Mario Federico Condorí.
Fernández aseguró que en todos estos años que lleva adelante la búsqueda de justicia para su hija, conoció todos los vericuetos judiciales.
Reconoció que para muchos fue una sorpresa que se llegue a juicio, porque no imaginaban que se pueda alcanzar esa instancia.
“Ni olvido, ni perdón. Le voy a pelear la perpetua hasta la Corte”, sostuvo Fernández.
Por otro lado, aseguró que las autoridades de la Universidad Católica de Salta se llamaron a silencio y nunca le explicaron cómo le dieron una beca al acusado de asesinar a su hija y lo dejan concurrir a clases.
En este sentido, lamentó que el rector Rodolfo Gallo Cornejo y monseñor Mario Antonio Cargnello haya otorgado ese beneficio a una persona sospechada de femicidio mientras hay tantos chicos que dejan de estudiar en esa institución por los elevados costos de las cuotas.
Fernández destacó que con el escrache social logró sacarle la beca pese a que ninguna autoridades de la universidad le contestó a ella.
La investigación se inició a partir de un policía que manifestó que había escuchado una conversación entre dos efectivos que referían a la venta.
Matías Chávez, apodado Isidishi, fue arrestado por la PFA en una causa de la ayudante fiscal Lorena Pecorelli. Lo acusan de atacar y abusar de dos menores drogándolas con un vaporizador de marihuana.
El Juzgado Federal de Orán amplió la imputación penal del exintendente de Morillo al considerarlo coautor del robo de rieles. “Los saqueos ocurrían a la luz del día y con la connivencia de la policía y gendarmería”, afirmó el fiscal.
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Según la denuncia, estas personas lo golpearon, maniataron y tras cubrirle la cara con una prenda, lo subieron a una camioneta.
El hecho quedó registrado por las cámaras de la sala ubicada en los Tribunal de Cipolletti.
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