Iván Luis
La decisión judicial, plasmada en la resolución 2867/2026 y tramitada en reserva bajo el radar político, introduce un criterio unificado sobre las condiciones de salud y la capacidad de tratamiento dentro de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Mientras desde el sector castrense y agrupaciones afines celebraron la iniciativa como una vía para que emblemas del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta o Christian von Wernich dejen las cárceles comunes, la Red Nacional de H.I.J.O.S. denunció la medida como una estrategia pro-impunidad destinada a socavar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El trasfondo político de la acordada estuvo marcado por llamativas coincidencias temporales, ya que fue rubricada justo en la semana de la visita papal a la Argentina y a pocos días de que se frustraran los intentos de trasladar a reconocidos represores para participar de las ceremonias religiosas.
La disidencia interna en el tribunal quedó reflejada en la postura de Ricardo Lorenzetti, quien devolvió el expediente sin estampar su firma, evidenciando las fuertes tensiones que la medida genera en la cúspide del Poder Judicial en un contexto de persistentes reclamos de sectores ligados a la defensa militar ante el Ministerio de Justicia.
El impacto de este nuevo protocolo adquiere especial relevancia al repasar las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, que revelan que de un total de 1254 condenados por delitos de lesa humanidad, 436 ya cumplen arresto domiciliario y apenas 73 permanecen alojados en unidades penitenciarias tradicionales.
Con la apertura de esta nueva vía de evaluación médica y la intervención de carteras como Seguridad y Defensa, el escenario judicial abre un frente de alta sensibilidad institucional sobre el destino final de los pocos genocidas que aún continúan tras las rejas.
