Iván LuisEl debate por la Ley de Discapacidad ha vuelto a encender las alarmas dentro del oficialismo, confrontando la disciplina legislativa con las prioridades macroeconómicas del Ejecutivo. Mientras la jefa del bloque en la Cámara alta defiende la necesidad de blindar el entendimiento multipartidario que permitió obtener dictamen, sectores del equipo económico comandados por Luis Caputo reclaman ajustes de última hora para calzar los números fiscales.
La advertencia desde el bloque es categórica: reabrir el debate sobre el articulado en esta instancia equivale a dinamitar los consensos con la oposición y los bloques provinciales que costó meses articular.
La disputa expone una fractura de criterios en la gestión sobre cómo administrar el equilibrio de poder en el Congreso frente a demandas de alto impacto social. La tensión escaló a tal punto que desde el entorno legislativo deslizaron cuestionamientos directos sobre la coordinación con la Cámara baja, recordando que cualquier modificación unilateral desconoce el delicado equilibrio político tejido durante el trámite en Diputados.
Este traspié legislativo coincide, además, con un momento de alta sensibilidad institucional tras el paso de León XIV por el país, donde la atención sobre los sectores vulnerables ocupó el centro de la escena pública.
Con el Presupuesto 2027 asomándose como el próximo gran campo de batalla parlamentaria, el oficialismo se encuentra en una encrucijada táctica de resolución urgente. La postura pública de la conducción senatorial, sintetizada en la decisión de avanzar sin demoras con el texto actual, choca con la resistencia de un ala económica reacia a convalidar gastos sin una revisión estricta de su impacto financiero.
En las próximas horas, la Casa Rosada deberá definir si convalida el acuerdo político alcanzado en el parlamento o si asume el costo de fracturar su propia mayoría para rediscutir los alcances de la ley.
