Iván Luis
La crisis institucional en Bolivia sumó un nuevo capítulo de alto voltaje internacional luego de que la Embajada de México en La Paz concediera el asilo diplomático a la abogada Nadia Beller, quien denunció ser blanco de un persistente acoso, hostigamiento y vigilancia ilegal por parte de las fuerzas de seguridad locales.
Beller, que permanece refugiada en la sede diplomática desde la semana pasada, es la expareja del influyente estratega político argentino Fernando Cerimedo —actualmente detenido de manera preventiva bajo la acusación de ser el autor intelectual de una tentativa de femicidio en su contra—. La decisión de la delegación mexicana desató un intenso cruce político y obligó a la Cancillería boliviana a aclarar que el pedido de salvoconducto constitucional aún se encuentra bajo rigurosa evaluación jurídica.
El conflicto escaló luego de que la abogada y consultora política rompiera el silencio a través de sus redes sociales para cuestionar con dureza al Ejecutivo encabezado por Rodrigo Paz y a la cúpula policial. Beller aseguró que, pese a contar con una orden fiscal para retirar la custodia oficial que le fue asignada como testigo protegida, grupos parapoliciales y agentes en actividad continúan restringiendo su libertad de movimiento y expresión.
En un mensaje crítico frente al alineamiento internacional de la administración actual, advirtió que ningún respaldo externo otorga licencia para ejecutar persecuciones políticas y sentenció que los funcionarios involucrados tarde o temprano deberán rendir cuentas ante la justicia por encubrir la impunidad de redes de poder.
Las esquirlas del caso golpean directamente en el corazón del Palacio Quemado debido a los estrechos vínculos que Cerimedo mantuvo con la estrategia de comunicación del oficialismo boliviano antes de su caída en desgracia. La filtración de numerosos audios que exponen supuestos negociados e influencias del consultor argentino —fundador del portal La Derecha Diario y artífice digital en campañas de la derecha regional— obligó a la Fiscalía General a conformar una comisión investigadora especial.
Mientras el presidente Paz intenta contener el costo político exigiendo a la Justicia que investigue a fondo las ramificaciones del escándalo, el futuro político de Beller y la presión de México por su salida segura amenazan con abrir un flanco de fricción diplomática ineludible.
(Con información de Página12)
