Iván Luis
La presión social en Francia alcanzó un punto crítico luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocara formalmente a una huelga general y a una gran movilización nacional para el próximo 17 de noviembre. La medida de fuerza surge como respuesta directa al ajuste del 1,6% en el salario mínimo (SMIC) presentado por el primer ministro Sébastien Lecornu, un incremento que elevará el piso salarial a 1.502 euros a partir de diciembre pero que los gremios calificaron de insuficiente frente a una inflación alimentaria y energética asfixiante.
Tras meses de protestas continuas, la central obrera exige reaperturas paritarias masivas en todos los sectores productivos para recomponer el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y jóvenes.
El anuncio se produjo al término de una tensa conferencia social en la residencia de Matignon, donde el Ejecutivo intentó desactivar el descontento mediante un paquete de medidas paliativas de cara al 2027. Los ministros de Economía y Comercio detallaron la prórroga del bono de combustible exento de impuestos de hasta 1.000 euros, la ampliación de los límites para la desgravación de horas extras y la elevación al 75% de la cobertura patronal en abonos de transporte público.
Sin embargo, para la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, estas herramientas económicas resultan marginales ante el colapso de la canasta familiar y advirtió que la movilización se mantendrá firme hasta obtener respuestas salariales concretas.
Este nuevo pulso gremial profundiza la vulnerabilidad de las cuentas públicas en un momento político sumamente delicado, a apenas seis meses de unas elecciones presidenciales marcadas por una profunda polarización entre la ultraderecha liderada en los sondeos por Marine Le Pen y el bloque de la ultraizquierda de Francia Insumisa, con Jean-Luc Mélenchon a la cabeza.
Mientras el jefe de Gobierno reconoció públicamente la existencia de fuertes tensiones sociales e inquietudes sobre el futuro institucional del país, la convergencia de paros en el sector público y privado promete paralizar nuevamente las calles francesas, convirtiendo la crisis económica en el arbitro definitivo de la carrera hacia el Elíseo.
(Con información de Clarín)
