Iván Luis
La causa judicial en torno al escándalo por la criptomoneda $LIBRA escaló de tensión en los tribunales federales luego de que el juez Daniel Rafecas le exigiera al fiscal Eduardo Taiano que responda al planteo formulado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Mientras Taiano había impulsado meses atrás el archivo de las actuaciones y el sobreseimiento del presidente Javier Milei al considerar que las pruebas eran insuficientes, la fiscalía especializada en corrupción liderada por Sergio Rodríguez advirtió que existen múltiples elementos que ameritan profundizar la pesquisa ante firmes indicios de una concertación defraudatoria.
El núcleo de la discordia radica en la interpretación de los elementos probatorios acumulados en el expediente, que incluyen registros de llamadas entre el mandatario y Mauricio Novelli en torno al lanzamiento del criptoactivo en febrero de 2025, transferencias millonarias atribuidas a Hayden Davis y sospechosos movimientos bancarios vinculados a la familia Novelli.
Para Taiano, estos indicios no revestían el peso necesario para sostener la acusación penal, postura que defendió públicamente tras cuestionamientos previos sobre el manejo de la prueba digital. En la vereda opuesta, Rodríguez sostiene que el sumario se encuentra en una fase crucial de recolección y que la inacción judicial precipitaría un archivo prematuro de hechos de extrema gravedad institucional.
Ante este escenario de criterios encontrados, la PIA no solo solicitó que se reabra el caso, sino que formalizó un pedido para apartar a Taiano y asumir directamente el ejercicio de la acción penal en el expediente. La respuesta que deba brindar el fiscal saliente a este planteo constituirá un nuevo capítulo en una trama judicial que ya suma polémicas por la omisión inicial de documentos y llamadas clave halladas en los dispositivos peritados durante el transcurso de la investigación.
La última palabra sobre este contrapunteo fiscal recaerá sobre el juez Marcelo Martínez de Giorgi una vez que retorne de su licencia, quedando en sus manos definir si avala el cierre definitivo de la causa o si le otorga luz verde a la fiscalía anticorrupción para avanzar. La tensión procesal promete escalar aún más, dado que la propia PIA adelantó su intención de elevar el litigio ante la Cámara federal en caso de que un fallo adverso intente clausurar la investigación de forma anticipada.
(Con información de La Nación)
