Victoria López Núñez
La muerte de Gregorio “Gogo” Ramos, el hombre de 36 años que recibió disparos de arma de fuego en barrio 6 de Septiembre, volvió a poner bajo cuestionamiento el accionar de las fuerzas de seguridad de Salta. El abogado Álvaro Arias Camacho, integrante del Centro Comunitario ALFA, sostuvo que la violencia institucional constituye un problema sistemático y no una sucesión de hechos aislados.
En N&N por Aries, el letrado cuestionó las declaraciones de autoridades de Seguridad que calificaron el episodio como un hecho aislado y recordó otros casos de muertes ocurridas en intervenciones policiales.
“Uno ve que no hay hecho aislado. O sea, es una práctica totalmente sistemática”, afirmó.
Ramos murió tras recibir disparos durante un procedimiento policial en la zona este de la ciudad. Por el hecho, cuatro efectivos permanecen detenidos, mientras la Justicia investiga las circunstancias del operativo y las responsabilidades individuales.
La familia denunció que la víctima tenía dificultades auditivas y retraso madurativo, además de cuestionar la actuación de los policías que intervinieron.
Arias Camacho rechazó que el caso pueda analizarse de manera aislada y mencionó la muerte de Santiago Leonel Ibáñez, un joven de 18 años fallecido durante un operativo policial en Pichanal, en febrero de este año.
El abogado aseguró que ese expediente continúa sin imputados y cuestionó la falta de respuestas para las familias de las víctimas.
El representante de ALFA también reveló que la organización presentó un hábeas corpus colectivo para denunciar presuntas detenciones arbitrarias y vulneraciones de derechos de personas en situación de calle.
Según explicó, la presentación surgió después de relevar situaciones de hacinamiento, incomunicación, vejaciones y malos tratos en el Centro de Contraventores.
“Tenemos un proceso de un hábeas corpus colectivo, justamente por la detención y procedimientos ilegales de la Policía, que ya lleva un año y medio y todavía, por decisión de la Corte, no tiene resolución”, señaló.
La organización reclama medidas para evitar detenciones contrarias a la normativa provincial y capacitación para los efectivos policiales.
Arias Camacho también cuestionó la respuesta social y política frente a los episodios de violencia que afectan a personas en situación de vulnerabilidad.
“Muere un chico wichí, a nadie le importa. Muere un chico pobre de un barrio marginal, a nadie le importa”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que existe una doble vara entre las políticas destinadas a endurecer las sanciones contra determinados sectores y las respuestas estatales frente a denuncias de abusos policiales.
El abogado también recordó la muerte de Fernanda Arias, ocurrida bajo custodia policial en Rosario de Lerma, y señaló que la causa continúa bajo investigación.
Finalmente, reclamó que estos episodios no sean naturalizados y pidió mayores controles, capacitación y responsabilidades institucionales para prevenir nuevas muertes.
