Victoria López Núñez
El delantero de San Lorenzo, Ezequiel “Pocho” Cerutti, denunció haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria en Estados Unidos, luego de invertir US$320.000 en un negocio que prometía ganancias mediante el alquiler de propiedades.
El futbolista integra un grupo de siete jugadores y exjugadores argentinos que acudieron a la Justicia de La Plata para denunciar irregularidades en operaciones inmobiliarias realizadas en Baltimore, en el estado de Maryland.
La investigación comprende aportes por al menos US$2.679.000, incluyendo inversiones de empresarios y particulares que también aseguran haber resultado perjudicados.
Según la denuncia, los inversores eran convocados a reuniones en hoteles de La Plata y Buenos Aires, donde se les ofrecía un sistema de inversión inmobiliaria denominado “llave en mano”.
La propuesta consistía en comprar viviendas en Estados Unidos, remodelarlas y ponerlas en alquiler, con una rentabilidad anual prometida de entre el 10% y el 11%. Los responsables del emprendimiento se encargaban de administrar las propiedades, realizar las reformas y gestionar los ingresos provenientes de los alquileres.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que varias viviendas nunca fueron transferidas a las sociedades creadas para administrarlas, mientras que otras presentaban deudas, problemas estructurales o condiciones que impedían alquilarlas.
De acuerdo con la documentación judicial difundida, Cerutti aportó US$320.000 para adquirir dos inmuebles.
Entre los denunciantes también aparecen Leonardo Jara, quien habría invertido US$520.000; Gonzalo Maroni, con US$170.000; Lucas Rodríguez, con US$180.000, y Juan Francisco Brunetta, con US$105.000.
La nómina incluye además a Facundo Fraga, con una inversión de US$720.000, y Alejandro Mena, quien habría entregado US$110.000. Los aportes atribuidos a los siete futbolistas suman US$2.125.000.
Los inversores aseguran que, inicialmente, recibieron liquidaciones de alquileres, pero posteriormente comenzaron a detectar diferencias entre los ingresos informados y las transferencias realizadas.
Según la denuncia, hacia fines de 2023 y durante 2024 se interrumpieron los pagos y no se cumplieron los compromisos para regularizar la situación. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.
El abogado Ignacio Fernández Camillo representa a los futbolistas y solicitó medidas para determinar el destino de los fondos, verificar la titularidad de los inmuebles y establecer las responsabilidades de los involucrados.
Por el momento, se trata de una denuncia por una presunta maniobra fraudulenta y no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales.
