Ivana Chañi
El secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, cuestionó que todavía haya personas desocupadas en San Antonio de los Cobres mientras crecen las inversiones mineras en la Puna. Aseguró que las empresas deben priorizar la contratación de trabajadores de las localidades donde se desarrollan los proyectos.
En Día de Miércoles, el funcionario explicó que la Provincia busca garantizar el cumplimiento de las normas de contratación local y que las comunidades cercanas a los emprendimientos tengan prioridad frente a trabajadores de otras zonas.
“No puedo tener todavía gente desocupada en San Antonio de los Cobres. Ellos son los primeros, ahí es donde se genera la riqueza”, afirmó.
Carrizo señaló que, en una etapa de construcción vinculada con Río Tinto, está prevista la incorporación de alrededor de 600 personas.
Según explicó, pidió expresamente que las búsquedas laborales comiencen por San Antonio de los Cobres y las poblaciones cercanas antes de extenderse hacia la ciudad de Salta.
“Punto número uno, San Antonio de los Cobres y los demás pueblos que lo colindan, y de ahí empecemos a bajar para la ciudad”, sostuvo.
El secretario aclaró que la contratación también depende de la capacitación y las habilidades requeridas por cada proyecto.
En ese sentido, afirmó que unas 66.000 personas forman parte de la red provincial de formación técnica y destacó el trabajo de las instituciones educativas para responder a la demanda de personal.
También indicó que actualmente trabajan 5.780 personas en la actividad minera y que la Provincia realiza auditorías para verificar el cumplimiento de las exigencias de contratación.
La discusión sobre los beneficios de la minería para las comunidades también alcanzó a los compromisos de infraestructura asumidos por las empresas.
Carrizo fue consultado por el reclamo del intendente de General Güemes contra Posco, por un centro de salud que, según la denuncia, la compañía prometió construir hace seis años y todavía no concretó.
“Yo lo desconocía, lo escuché el otro día al intendente”, reconoció el secretario, quien aseguró que comenzó a trabajar con la empresa para resolver la situación.
“Si ellos acordaron un punto, lo tienen que cumplir, punto. En eso no se discute”, advirtió.
El funcionario admitió que no se trata del único caso en el que las compañías asumen compromisos que luego no llegan a concretarse.
Para Carrizo, el desarrollo de la minería debe traducirse tanto en empleo como en mejoras para las comunidades. Por eso, insistió en que las empresas deben cumplir sus obligaciones y que los habitantes de la Puna tienen que ser los primeros beneficiados por la actividad.
